En entrevista con Álvaro Alvarado, en Noticias 180 Minutos, el expresidente Ernesto Pérez Balladares fijó posición frente a las investigaciones sobre una serie de transacciones bancarias realizadas por el exdiputado del PRD Héctor Brands y sus sociedades. Recordó que fue durante su administración cuando se creó la Unidad de Análisis Financiero, precisamente para dar seguimiento a este tipo de irregularidades, e hizo votos por una investigación rigurosa. “Él tiene mucho que explicar”, afirmó en referencia a Brands, aunque subrayó: “vamos a suponer, como corresponde en democracia, que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario”.
Respecto a las pesquisas relacionadas con la aplicación Listo Wallet y su vínculo con Fintek, gestionada por la AIG durante la pandemia, Pérez Balladares dijo conocer el tema solo por lo escuchado en entrevistas a abogados defensores. A su juicio, es un caso que merece ser examinado con lupa: “A priori pareciera que allí no hay delito alguno en perjuicio de las finanzas del Estado”, apuntó.
Al abordar la percepción de que “la corrupción es rentable en Panamá”, planteada por Alvarado, el exmandatario admitió que esa visión resulta innegable ante los hechos recientes. “El problema es que al final del día los dineros no regresan al Estado panameño y prevalece la impresión de que no hay certeza del castigo”, señaló. Añadió que la raíz del problema no está sólo en el Ministerio Público, sino también en una sociedad que tiende a normalizar esas conductas. Para detener esa “podredumbre”, afirmó, es fundamental que los electores escojan dirigentes con valores cívicos y honorabilidad: “Es responsable tanto el sistema como quien lo elige”.
En cuanto a la transparencia de los beneficiarios finales de empresas que contratan con el Estado, recordó que el sistema panameño —como ocurre en muchos países— protege la figura de las sociedades anónimas. Sin embargo, recalcó que el Estado tiene la obligación de investigar con quién hace negocios, para evitar la participación de maleantes ligados al narcotráfico o de allegados a funcionarios de gobierno. Aclaró que esa información puede y debe solicitarse antes de otorgar una concesión, aunque debe manejarse con la confidencialidad que la ley exige.
Otros temas sensibles también fueron discutidos, como el empleo, la apertura de la mina y el proyecto de Río Indio. Según Pérez Balladares, la oposición radical que antepone intereses particulares al bienestar nacional solo puede superarse mediante mesas de diálogo. “Al final del día, los gobiernos son del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”, subrayó, insistiendo en que la solución a los grandes problemas requiere sumar recursos tanto públicos como privados.
Sobre la crisis del Idaan, recordó que en su gobierno se planteó un modelo de modernización que no llegó a concluirse: concesionar la producción de agua a una empresa privada, manteniendo en manos del Estado la distribución. La medición y el cobro quedarían bajo responsabilidad de la concesionaria.
Consultado sobre la propuesta de una constituyente originaria, fue enfático: “Sin querer herir a nadie, no conozco un solo país que haya resuelto sus problemas cambiando su Constitución”. Considera que esta idea distrae esfuerzos y energías que deberían concentrarse en los problemas urgentes que afectan a la población.
Finalmente, se refirió a la renovación del PRD, un proceso que —dijo— no necesariamente debe hacerse “de un solo viaje”. Planteó que puede ejecutarse por etapas: primero con las elecciones previstas para noviembre, en las que se escogerán algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional, y luego con la renovación del Directorio y del Congreso General. Reconoció que este proceso tomará meses y demandará un gran esfuerzo.
Al preguntársele si tenía aspiraciones de ocupar algún cargo en esa reestructuración, respondió con firmeza: “Yo lo que aspiro es a que quienes asuman tengan claro su rol y lo que deben hacer para la renovación y posible salvación del partido. Yo no tengo ningún interés personal”.