Puertos: que pase lo que tiene que pasar

El contrato de Panama Ports Company (PPC) fue revisado, analizado y estudiado por una gran cantidad de abogados. Sin embargo, el resultado final parece evidenciar una conclusión inquietante: ni desde el sector privado ni desde el Estado se actuó con pleno conocimiento —o respeto— de la Constitución y las leyes que rigen la contratación pública en Panamá.

Esta fue una de las reflexiones expuestas por el expresidente Ernesto Pérez Balladares durante una entrevista concedida esta mañana a TVN Noticias. A juicio del exmandatario, la constitucionalidad de los contratos del Estado ha terminado convirtiéndose en un asunto de “valoración subjetiva”, lo que introduce un nivel de incertidumbre incompatible con la seguridad jurídica que requiere el país.

En el contexto del debate sobre el contrato de Panama Ports, Pérez Balladares recordó que a comienzos de la década de 1990 los puertos panameños no contaban con operaciones de trasbordo de gran escala ni existía una plataforma logística como la que hoy posiciona a Panamá en el mapa del comercio mundial. Subrayó además que su administración no adjudicó la operación de las terminales de Cristóbal y Balboa de manera discrecional, sino mediante una licitación internacional en la que participaron tres empresas, siendo la entonces Autoridad Marítima la responsable de otorgar la concesión.

“Posteriormente, todo lo acordado fue alterado de la forma más arbitraria y en perjuicio del Estado panameño. Los administradores de PPC fueron desleales con Panamá”, afirmó.

El expresidente reiteró que está de acuerdo con que el contrato sea eliminado, en la medida en que fue modificado de manera indebida, otorgándole ventajas excesivas a la empresa concesionaria. No obstante, advirtió que la forma en que se ha procedido envía una señal profundamente negativa a los inversionistas internacionales. “Lo que tenga que pasar, que pase”, expresó, reconociendo que el país deberá ahora enfrentar las consecuencias de las decisiones acumuladas a lo largo del tiempo.

En cuanto a las irregularidades y al incumplimiento del contrato, Pérez Balladares consideró que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos que permitieron o facilitaron esas desviaciones.

De cara al futuro, enfatizó que la realidad portuaria del país es hoy radicalmente distinta. Los puertos panameños se han consolidado como un centro logístico de alcance mundial, lo que obliga a repensar los modelos de manejo, gestión y negociación. “Las condiciones han cambiado por completo. Hoy tenemos las mejores oportunidades del mundo”, concluyó.

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