Entre el 29 y el 31 de marzo de 1982, la ciudad de Cartagena fue sede de la 23ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un contexto particularmente complejo para América Latina y el Caribe. La región comenzaba a experimentar los efectos de la crisis de la deuda externa, el deterioro de los términos de intercambio y un incremento sostenido de los problemas sociales, especialmente el desempleo y la pobreza.
En ese escenario, la Asamblea reunió a representantes de los 43 países miembros del organismo, consolidándose como el principal espacio de deliberación política y económica del sistema financiero interamericano. Panamá estuvo representado por su entonces ministro de Planificación y Política Económica, Ernesto Pérez Balladares, quien planteó la necesidad de avanzar hacia un tratamiento más justo para los países de la región y propuso la construcción de un frente común para enfrentar desafíos estructurales compartidos, como el hambre y el desempleo.
Las discusiones estuvieron marcadas por la creciente presión sobre los países prestatarios y por la necesidad de fortalecer el papel del BID como fuente de financiamiento en condiciones adversas. De acuerdo con el informe anual de la institución (clic aquí para descargar), 1982 fue un año de actividad sin precedentes: el Banco aprobó préstamos por 2.744 millones de dólares y consolidó su rol como catalizador de recursos para proyectos de desarrollo económico y social en la región . Estos resultados reflejaban tanto la capacidad operativa del organismo como la urgencia de los países miembros por acceder a financiamiento en un entorno internacional restrictivo.
Más allá de los indicadores financieros, el encuentro evidenció una tensión de fondo: mientras el Banco ampliaba su alcance, los países latinoamericanos demandaban condiciones más equitativas y una mayor alineación de las políticas crediticias con sus realidades sociales. En ese sentido, intervenciones como la de Panamá no solo tenían un carácter técnico, sino también político al plantear una visión de desarrollo basada en la cooperación regional y la equidad.
Desde el punto de vista institucional, estas reuniones anuales cumplen una función estratégica. La Asamblea de Gobernadores es la máxima autoridad del BID y el espacio donde se revisan las operaciones, se definen lineamientos de política y se orienta el rumbo de la institución . En ellas se articulan intereses nacionales, se negocian consensos y se establecen prioridades que impactan directamente en el financiamiento del desarrollo en América Latina y el Caribe.
El ocaso de una presencia incómoda
La reunión de Cartagena de 1982 también adquiere relevancia al observarse desde la perspectiva histórica panameña. Constituyó una de las últimas actuaciones internacionales de Pérez Balladares como funcionario del gobierno militar, en un momento en que el país comenzaba a transitar una etapa de tensiones internas tras la muerte de Omar Torrijos y un progresivo retroceso en su proceso de democratización.
Pocas semanas después de ese encuentro, el entonces presidente de la República, Aristides Royo, llevó a cabo una reestructuración de gabinete en la que Pérez Balladares fue separado de su cargo. El propio exmandatario dejaría testimonio de ese episodio en sus memorias, El Panamá que construimos, donde describe el clima político que rodeó su salida:
“… ya ni recuerdo cómo fue el asunto, porque es que ni siquiera me ocupé de discutir con el presidente aquella decisión. Solo me atrevo a decir que tengo la impresión de que Aristides estaba muy preocupado con lo que estaba ocurriendo en la Guardia Nacional. El ambiente estaba caldeado porque para los militares, como llegó a decir Rubén Darío Paredes, ya era el momento de ‘dejar en paz al muerto’. Es decir, a Torrijos. Por eso, mi presencia en el gobierno era una de las cosas que más les molestaba. Principalmente porque yo fui el único que Omar pidió que integraran al gabinete de Royo. Así que, para la recomposición de las fuerzas políticas, sacarme del medio no solo era conveniente, sino urgente”.
Así, la participación de Panamá en la Asamblea del BID en Cartagena no solo refleja una posición económica frente a la crisis regional, sino también un momento de inflexión en la trayectoria política de uno de sus protagonistas y en la evolución del propio proceso político panameño en los años posteriores a Torrijos.
