En el punto seis del documento «100 medidas para poner mi gobierno en acción«, presentado después de ganar el ruedo electoral del 94, el presidente Pérez Balladares se comprometió a generar oportunidades de empleo digno y bien remunerado a través de un plan de inversiones públicas y la construcción de carreteras y autopistas como la del Corredor Norte y la Panamá-Colón.
Para muchos aquello era una utopía, pues el Estado no contaba con los recursos económicos para hacer esos desarrollos. Por eso, algunos decían que esas serían unas «carreteras al cielo», pues jamás se llevarían a cabo. Se creía que era más probable construir mil viviendas. Sin embargo, desafiando todos los pronósticos, el 9 de diciembre de 1994 la administración Pérez Balladares anunció a la prensa nacional el inicio de un proceso de concesión administrativa para el desarrollo de la Autopista Panamá Colón y la Fase I del Corredor Norte (sección oeste).
Tres empresas mostraron su interés: Pycsa de Panamá S.A., Ingenieros Civiles Asociados S.A. (ICA) y el Grupo Tribasa – un holding mexicano del ramo de la construcción, especializado en proyectos de infraestructura a gran escala. Pero esta última, por razones de tiempo, desistió de presentar su propuesta. La ganadora tendría que confiar en la nueva administración y en el país, pues le tocaría aportar los recursos económicos para este desarrollo.
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El 22 de octubre de 1994 se aprueba la Resolución 598, con la que se determina la construcción de la Autopista Panamá Colón y la Fase I del Corredor Norte (sección oeste), a través del sistema de concesión administrativa.
El 5 de noviembre de 1994 se realiza la convocatoria pública, siguiendo los pasos contenidos en la Ley N° 5 de 1988 de Concesión Administrativa y el Código Fiscal. Se recibieron dos ofertas de empresas mexicanas: Pycsa de Panamá S.A., por 328.0 millones de dólares, y la de Ingenieros Civiles Asociados S.A. (ICA), por 344.0 millones de dólares. En dicho acto «no se hizo ningún tipo de adjudicación provisional, porque el precio de la oferta no era lo fundamental, ya que había una serie de elementos pre-establecidos para poder llevar adelantes los criterios de evaluación, así como lo relacionado con las diferentes modalidades de tarifas, tanto para la autopista como para el Corredor Norte«, reza el acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete del 15 de diciembre de 1994.
El 26 de noviembre de 1994 se aprueba la Resolución N° 626-94, con la que se emite concepto favorable al pliego de bases y la adenda N° 1, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas para construir la autopista la fase 1 del Corredor Norte. El proyecto fue adjudicado a Pycsa de Panamá S.A.
El 15 de diciembre de 1994, en sesión extraordinaria, el Consejo de Gabinete consideró el oficio N° DM-3714 del Ministerio de Obras Públicas: “Informe Preliminar sobre la convocatoria para la concesión administrativa para la Autopista Panamá Colón y la Fase I del Corredor Norte (Sección Oeste)«.
El 29 de diciembre de 1994 se firma el contrato N° 98 entre Pycsa Panamá S.A. y el Ministerio de Obras Públicas.
Se crearon tres comisiones: Asesora Jurídica, Asesora Técnica y Asesora Económica-Financiera. En el acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete del 15 de diciembre de 1994 – clic aquí para descargar – se indica los resultados de las evaluaciones que cada una presentó. Fueron considerados temas como: pliegos de cargos, garantías económicas de las empresas, presupuestos, diseños, materiales de construcción, plan de ejecución, financiamientos, utilidad esperada, volumen proyectado de tránsito
Una vez culminado su trabajo se constituyó la Comisión Evaluadora que la Ley señalaba para cualquier obra superior a B/. 1.0 millón. Estaba conformada por un representante del Presidente de la República, el ingeniero Juan Alberto Morales, que presidía la comisión; un representante del Ministerio de Planificación y Política Económica, el arquitecto Víctor Mizrachi, un representante del Ministerio de Obras Públicas, el licenciado Humberto Toala; y un representante del Ministerio de Hacienda y Tesoro, la arquitecta Meira Fernández de Pérez.
Tras el anuncio a los medios sobre las propuestas de la Comisión Evaluadora, el ministro de Obras Públicas, Luis Blanco, recibió una representación de la empresa ICA, que entregó un documento fechado el 14 de diciembre de 1994 con unos comentarios generales de la firma Galindo, Arias & López.
En resumen, la comunicación señalaba que PYCSA S.A. no tenía experiencia internacional alguna y que su idoneidad y capacidad era cuestionable porque apenas tenía constituida en Panamá un mes. Se aclaró que para poder entrar a una licitación pública la empresa tenía que estar conformada en el país, pero que PICSA de México es su respaldo y allí es donde se encuentran los ingenieros y profesionales que ejecutarán el trabajo.
También se acusaba a PYCSA de robarle el proyecto a ICA, haciendo una mala copia de éste. Sin embargo, no presentó ninguna prueba de eso. Sólo se limitaba a argumentar que las ideas entregadas en septiembre de 1994 al presidente Pérez Balladares y a los ministros de Planificación y Obras Públicas fue conocido plenamente por varios empresarios panameños. Por esta razón, el ministro Blanco catalogó el asunto como «la queja de un perdedor» y se preguntó por qué no sustentaron esos señalamientos antes de que se realizara el acto público.
Para el presidente Pérez Balladares algunos planteamientos realizados por ICA eran atendibles, pero no existían criterios para cuantificar su exactitud. Recordó que se había hecho todo lo necesario para que las bases de participación fueran absolutamente claras.