Erradicar la violencia intrafamiliar

En los años 90 el maltrato a la mujer y a la familia en general era muy común en los países latinoamericanos. Estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalaban que casi 60% de las mujeres en relaciones de pareja eran maltratadas por sus compañeros. Las formas de maltrato, según la OPS, no se limitan sólo a la agresión física sino también a través de malas palabras y presión psicológica. También destacaban otras formas comunes de maltrato psicológico como la intimidación con miradas o gestos,las amenazas de muerte o suicidio y el alejamiento de los hijos; el abuso económico, caracterizado por un control excesivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios y el más común, el impedimento a trabajar.

En ese contexto fue que el gobierno de Pérez Balladares instituyó el delito de maltrato y violencia intrafamiliar con la Ley 27-16 de junio de 1995  y posteriormente creó dependencias para la atención de las víctimas.

El combate contra este flagelo social había comenzado un poco antes, con la Ley 12 del 20 de abril de 1995, con la que el Estado panameño ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Este instrumento regional, que fue el primero de su clase en el mundo y que a la fecha ha sido ratificado por 32 de los 34 miembros de la Organización de Estados Americanos,  ha sido una importante fuente de conceptos y de compromiso para nuestra legislación nacional.

Todas estas iniciativas de la administración Pérez Balladares sumaban a los logros alcanzados con la Ley 3 del 17 de mayo de 1994 que creó el Código de la Familia, que entró en vigencia en 1995, con el que se estableció la normativa referente a los derechos familiares y la protección de menores, destacándose la creación de un conjunto de instituciones jurídicas, la modernización de normas sustantivas–procesales fundamentadas en principios como la unidad familiar, la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, la igualdad de los hijos y la protección de los menores, así como la creación de tribunales de justicia especializados.

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