Para fortalecer el Poder Judicial, la administración de Ernesto Pérez Balladares insituyó la Sala Quinta de Instituciones de Garantía Constitucionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la adopción de la Ley 32 de 23 de julio de 1999.
Entre las expectativas en torno a esta Sala, declaró el mandatario nacional, estaba dar «mayor seguridad al ciudadano de que sus conversaciones telefónicas no van a ser escuchadas libremente por ninguna institución, si no tiene la previa autorización de los magistrados de la Sala Quinta«. También indicó que su establecimiento no era «un capricho personal», pero sí un reto político y dijo sentirse satisfecho de haber logrado la aprobación de esta norma.
En cuanto al nombramiento de los magistrados que integrarán la Sala Quinta, Pérez Balladares señaló: «No me atrevo a contestar» si serán miembros del PRD. Sin embargó, se mostró seguro de que estos funcionarios serían personas reconocidas por su seriedad, criterio jurídico y honestidad.
El asunto de las escuchas telefónicas habían generado gran polémica durante el gobierno de Guillermo Endara, cuando fue creado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional vigente hasta ahora, y se sustituyó el DENI por la Policía Técnica Judicial (PTJ), adscrito al Ministerio Público. En aquellos días se adquirieron equipos para espiar las comunicaciones telefónicas y se recibía asesoramiento de las tropas estadounidense que habían invadido el país el 20 de diciembre de 1990. Los equipos adquiridos desaparecieron, pero quedó para la posteridad la cobertura informativa que hicieron los medios de la época. Aquí dejamos una muestra de eso.