El 1 de octubre de 1979 entró en vigor los Tratados Torrijos-Carter, poniendo fin a la entidad política conocida como Zona del Canal. En la práctica esto representó la ejecución de un cronograma de reversión paulatina a Panamá de edificios e infraestructura que estaban en esa área y, en consecuencia, una oportunidad para el país desde el punto de vista económico.
En su libro «El Panamá que construimos», el Dr. Ernesto Pérez Balladares explica que, en la medida que se fueron recibiendo el conjunto de bienes, crecía la expectativa de demostrar que el uso civil de las áreas revertidas era mucho más productivo para el país que su explotación militar.
Más allá de esta filosofía del progreso, estaba la inquietud de que, si los panameños no eran capaces de llenar los vacíos que iban quedando con el desmantelamiento de la Zona, darían argumentos a los que deseaban que continuaran las bases militares gringas para insistir en que lo mejor era ceder estos espacios por la seguridad nacional. En contra de toda evidencia, este grupo consideraba que la permanencia de los estadounidenses era clave para el control de drogas. Para ellos era invisible el hecho de que ni siquiera en su mismo territorio Estados Unidos había logrado el éxito en ese tema, a pesar de que contaban con bases en Puerto Rico, Guantánamo y Florida.
Así, sobre la mesa y por mucho tiempo prevaleció un gran debate sobre la posibilidad de que con la salida de los militares extranjeros fortaleceríamos nuestra soberanía, neutralizaríamos el Canal y dejaríamos de ser potencial blanco militar en caso de conflictos internacionales.
Objetivo país 94-99
Durante la campaña electoral de 1994, el entonces candidato presidencial Ernesto Pérez Balladares dijo que las áreas revertidas tenían un inestimable valor, fundamentalmente por su contigüidad a la vía interoceánica. Sin embargo, advirtió que ese valor carecería de significado trascendente para el desarrollo si no se utilizaban para atender las necesidades de la nación. También señaló que el Estado panameño no tenía los recursos para emprender grandes obras de carácter oficial para llenar esos espacios, por lo que la estatización quedaba descartada y, en consecuencia, se tendrían que buscar soluciones verdaderamente diferentes.
En su propuesta país el Dr. Pérez Balladares dijo que, de llegar al gobierno, asumiría la responsabilidad estratégica de proyectar y planificar en las riberas del Canal la creación de un emporio comercial sin precedentes en América Latina. El reintegro de toda esa franja tenía que servir para que Panamá diera un salto inédito en su historia. Pero, además de administrar con responsabilidad la integración final del territorio a su legítimo dueño, el pueblo panameño, también haría lo necesario para preservar las 326 mil hectáreas de la cuenca hidrográfica del Canal porque era parte indisoluble del mismo. Sin ella solo quedaría un tajo seco y vacío mar a mar, un canal muerto. En esta línea, se comprometió a impulsar el «Plan Maestro de Usos de Suelos y Bienes», para orientar correctamente el usufructo de esas propiedades. En su visión futurista, era el instrumento adecuado para apoyar el desarrollo social y económico de las siguientes décadas.
Antecedentes
Inicialmente, con la Ley N° 17 de 28 de agosto de 1979, todas las áreas revertidas eran tierras baldías nacionales declaradas de dominio público. En consecuencia, no podían ser ofrecidas en venta a entes privados. Su uso, conservación y explotación sería responsabilidad de la Autoridad del Canal de Panamá, agencia creada por esa misma ley.
El 25 de febrero de 1993, la administración del presidente Guillermo Endara impulsó la formación de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), a través de la Ley N° 5. Esa institución asumiría la custodia, aprovechamiento y administración de los bienes revertidos dentro de las directrices y políticas nacionales fijadas por el Estado panameño con la visión de incorporarlos gradualmente al desarrollo integral de la Nación. Esto obligaba a crear una normativa para el uso por parte de terceros de las áreas de propiedad de la ACP y de las del patrimonio inalienable de la Nación. Sin embargo, como ocurrió con el Plan Ford y los procesos de privatización de las empresas estatales, esta tarea quedó incompleta, a la espera del siguiente gobierno. En su libro «El Panamá que construimos», el Dr. Ernesto Pérez Balladares señala que, a su juicio, «es probable que esa inercia tuvo su raíz en el mito contemplativo nacional de que las áreas revertidas eran sagradas, como si los gringos continuarían de alguna forma limitando que los panameños, los verdaderos dueños de esas tierras, disfrutáramos de ellas y les sacáramos provecho».
Golpe de timón
A seis meses asumir al poder, el presidente Ernesto Pérez Balladares sancionó la ley N° 7 de 7 de marzo de 1995 para modificar y adicionar algunos artículos a la Ley N° 5 dejada por el gobierno de Endara. Entre lo novedoso estaba la creación en el Registro Público de una sección encargada exclusivamente a los trámites por adjudicación hipotecaria o cualquiera otra enajenación de bienes revertidos.
Otras de las acciones emprendidas en el quinquenio 94-99 fue el desarrollo y puesta en marcha del Plan General de Uso de Suelos Clic aquí para descargar este documento. Para lograr el máximo aprovechamiento de los espacios que ya estaban bajo la tutela panameña, se señalaron con exactitud las áreas que podían servir para recreo, para el comercio, para la industria, el turismo, o para sedes diplomáticas y de educación como la Ciudad del Saber.
El Ejecutivo liderado por Pérez Balladares se empeñó en demostrar que la adecuada reconversión generaría más empleos e ingresos que su arrendamiento al ejército norteamericano. Pero en este contexto, al gobierno también le tocó superar un lado oscuro: la suspicacia que se inició en el gobierno de Endara de que quienes asumieran el mando de la ARI favorecerían a su círculo de amigos, generando una rebatiña por las adjudicaciones de esas propiedades.
Los ánimos estaban muy caldeados para cuando se sancionó la Ley N° 7 de 7 de marzo de 1995. En ese momento, el administrador de la ARI nombrado por Endara, José Chen Barría, dijo que se oponía a la autoridad como presidente de Pérez Balladares y que él renunciaría al cargo cuando las reformas fueran publicadas en Gaceta Oficial. En respuesta, Carlos Mendoza, presidente de la Junta Directiva de la ARI, acusó a Chen Barria de “inepto” y pidió que dimitiera de inmediato para buscar su sustituto y dejar atrás la crisis en el organismo que no tenía mucho tiempo de haber sido creado.
El sucesor
Nicolás Ardito Barletta fue nombrado en 1995 como nuevo administrador de la ARI y las aguas se calmaron tras el ingreso de personal altamente capacitado, todos profesionales panameños; quienes ejecutaron un organizado trabajo en equipo, con razonamiento coherente y desarrollista. El Dr. Ardito Barletta se mantuvo en el cargo hasta inicios del 2000, a pocos días de la reversión del Canal. El gobierno de Mireya lo sustituyó por el ingeniero Alfredo Arias.
Para cuando la ARI dejó de existir el 31 de diciembre de 2005, en un balance de sus logros durante los 12 años de funcionamiento de la institución se reconocieron los resultados del trabajo de Nicolás Ardito Barletta. En la rendición de cuentas se detalló que las 137 mil 127 hectáreas y 13 mil 868 propiedades entre viviendas, edificios e instalaciones manejadas por la ARI aportaron al Estado panameño un ingreso por ventas y alquileres superior a los 400 millones de dólares. Además de los recursos económicos alcanzados, resaltó el excelente manejo ecológico en una parte de esas tierras revertidas. Hablamos de más de 60 mil hectáreas, en las que poco más 75%, es decir unas 45 mil hectáreas, fueron declaradas áreas silvestres protegidas. Un 19%, casi 12 mil, fueron destinadas para la reforestación y casi un 5%, 2 mil 833 hectáreas, fueron identificadas como áreas verdes urbanas. Esta política de respeto al medio ambiente salió de la mente visionaria de Ardito Barletta.
Distribución de los ingresos
De los más de 400 millones de dólares recibidos entre ventas y alquileres de propiedades, unos 125 millones fueron a engrosar la cuenta del Fondo Fiduciario para el Desarrollo creado por el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. Otros 40 millones de dólares se destinaron al Fondo Especial para Viviendas de Interés Social (Fevis); y unos 70 millones fueron directo al fisco nacional. El resto del dinero sirvió para suplir los costos de alumbrado, seguridad, agua potable, mantenimiento y la operación de la ARI.
Tres semanas después de la rendición de cuentas por el cierre de operaciones de la ARI, el Ejecutivo ordenó transferir los bienes revertidos de esa institución, con un valor de casi 4 mil 500 millones de dólares, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Luego, con el Decreto Ejecutivo N° 67 de 25 de mayo de 2006, se creó la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR). Este organismo, que pasó a ser parte del Ministerio de Economía y Finanzas, continuaría con la administración, custodia y mantenimiento de esas áreas.
En el tiempo, aquel Plan General de Uso de Suelos que impulsó el gobierno de Ernesto Pérez Balladares fue objeto de reiteradas transformaciones. En el camino, retornó la discordia por la sensación de que los cambios atendían únicamente los caprichos de los que iban gobernando. De ahí que hoy día algunas personas digan que esos terrenos son una rebatiña y que los ricos son los únicos que se han aprovechado de la circunstancia.
