La Sala Quinta: vida, muerte, resurrección… y una materia pendiente

Concebida como una sala especializada en amparos, hábeas corpus y control de constitucionalidad, la Sala Quinta de Instituciones de Garantía buscó fortalecer la protección de los derechos fundamentales y agilizar la justicia constitucional en Panamá. Sin embargo, las controversias políticas que acompañaron su nacimiento la convirtieron en una de las reformas judiciales más breves y polémicas de la historia republicana.

A pesar de su corta vida, no hay dudas de que este fue un paso para fortalecer el sistema de garantías.

Con la aprobación de la Ley 32 del 23 de julio de 1999 (G.O. 23,848 del 26 de julio de 1999), la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares creó formalmente la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto había sido presentado a la Asamblea Legislativa el 17 de marzo de 1999 por la entonces ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel. En su propuesta inicial se contemplaba también la casación laboral, lo que generó críticas en sectores sindicales y académicos que temían afectaciones a derechos laborales y desequilibrios en la estructura judicial. A ello se sumaron algunos juristas que expresaron preocupación sobre el posible uso político de la nueva sala y sus implicaciones para la independencia judicial.

Pese a ello, la intención del Órgano Ejecutivo era clara:
fortalecer la institución de las garantías constitucionales mediante una sala especializada que asumiera procesos que hasta ese momento resolvía el Pleno de la Corte Suprema.

Esta especialización permitiría:

  1. Agilizar el trámite de amparos y hábeas corpus.
  2. Reducir la mora judicial.
  3. Permitir que el Pleno se concentrara en otros asuntos de mayor complejidad.

 

La Sala estaría integrada por tres magistrados, con períodos escalonados de 5, 7 y 9 años, respetando el mandato constitucional de que los nombramientos en la Corte no coincidan simultáneamente. Posteriormente, todos tendrían períodos de 10 años, como el resto de los magistrados.

Los primeros designados fueron Óscar Ceville, Mariblanca Staff y Elitza Cedeño.

Contra las escuchas ilegales

Un aspecto poco recordado de la Ley 32 fue la incorporación de normas que exigían autorización de la Sala Quinta para realizar grabaciones o intervenciones telefónicas, reforzando así los controles frente a posibles abusos estatales.

El presidente Pérez Balladares defendió esta medida como una garantía ciudadana, recordando la polémica generada durante la administración de Guillermo Endara, cuando se creó el Consejo Nacional de Seguridad y se sustituyó el DENI por la Policía Técnica Judicial (PTJ). En ese período se adquirieron equipos para interceptar comunicaciones telefónicas, con asesoría de fuerzas estadounidenses. La polémica en torno a esta situación dejó abundante registro mediático, entre ellos esta reseña televisiva que puede ver haciendo clic aquí.

Así pues, para el presidente Pérez Balladares la Sala Quinta representaba también una barrera institucional contra las escuchas ilegales. Por eso decía que no era «un capricho personal» sino un reto político.

La sala fantasma de la Corte

La historia  de la Sala Quinta es tan intensa como breve:

Nace en julio de 1999 y tres meses desaparece por decisión del gobierno de Mireya Moscoso, que a través de la Ley 49 del 24 de octubre de 1999 deroga la Ley 32 .

Entre 2000 y 2010 el asunto permaneció vivo en el debate doctrinal y político. Muchos juristas argumentaron que la derogación podría ser inconstitucional, al considerar que la Asamblea Legislativa sí puede crear salas de la Corte, pero no eliminarlas.

Así, en 2011 ocurre su resurrección.  Un fallo del Pleno de la Corte Suprema declara inconstitucionales varios artículos de la Ley 49. Con ello, jurídicamente revive la Ley 32, y la Sala Quinta “vuelve a existir”.

Pero en agosto de 2012 una nueva ley vuelve a derogar la Sala. Con ello, desaparece definitivamente del diseño constitucional panameño.

De ahí que muchos la recuerden como “la sala fantasma de la Corte”: apareció, fue eliminada, revivió… y finalmente desapareció.

Pese a su breve existencia, la Sala Quinta es vista hoy como un primer intento estructurado de crear una verdadera sala constitucional panameña, semejante a las que funcionan en otros países latinoamericanos.

Una discusión que sigue abierta

El 11 de octubre de 2022, durante un conversatorio con estudiantes y profesores de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), el expresidente Pérez Balladares fue consultado sobre la Sala Quinta. Presentamos a continuación el fragmento con la pregunta y su respuesta.
Para ver el conversatorio completo, haga clic aquí.

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