En los años noventa, muchos países en vías de desarrollo enfrentaron serias dificultades para retomar la senda del crecimiento sostenido de cara a las crisis económicas-políticas que en esos tiempos predominaron la escena con descomunales deudas externas, fuertes ajustes económicos y elevados costos sociales asociados a dichos procesos. Eso incentivó al Banco Mundial y otras instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a reflexionar sobre las condiciones institucionales que se requerían para alcanzar un ambiente propicio para el crecimiento.
Desde entonces se entiende que existe una relación directa entre la sostenibilidad del
modelo económico y la calidad de los procesos de gobierno. En otras palabras, se admite que la “gobernabilidad” es un elemento esencial de la estrategia de desarrollo. El “buen gobierno” surge entonces como una condición básica para promover un desarrollo sostenible y equitativo. En contraposición, el “mal gobierno” resultaría uno de sus obstáculos principales.
Así pues, el Banco Mundial define la gobernabilidad como “la manera en la cual el poder es ejercido en un país para el manejo de la economía y de los recursos sociales para el desarrollo”. (World Bank, 1992). Siguiendo esta línea, la gestión del sector público; la rendición de cuentas; la información y transparencia; así como la consolidación de un marco legal para el desarrollo comenzaron a ser las cuatro áreas a evaluar para determinar si un gobierno estaba o no en capacidad de generar un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas.
Este asunto cada vez más fue adquiriendo una relevancia creciente en las políticas y operaciones de la banca multilateral; de manera que los flujos de financiamiento oficial para el desarrollo se vieron crecientemente relacionados con ese tema.
Otras definiciones
De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), «gobernabilidad» significa:
- Estabilidad institucional y política, y efectividad en la toma de decisiones y la administración.
- Se relaciona con la continuidad de las reglas, instituciones, y en el paso de consistencia e intensidad de las decisiones.
- Es la línea más corta entre las demandas de la sociedad y los resultados del gobierno. En términos generales, es la capacidad para la continua adaptación entre la regla y el acto, entre la regulación y sus resultados, entre la oferta y la demanda de políticas públicas y servicios.
- La gobernabilidad dependería a su vez de la «gobernanza». Es decir, del nivel de madurez en una sociedad organizada y su capacidad para asumir responsabilidades compartidas en la implementación de decisiones y en el arte de gobernar correctamente.
De las ideas a la acción 1994-1999
En base a estas definiciones, la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares se ocupó de que la gobernabilidad atendiera la creación de un ambiente propicio para el desarrollo.
La ejecución de su programa de gobierno tuvo como objetivo una reforma profunda a la estructura económica, siguiendo el modelo de libre competencia y en respuesta a las necesidades panameñas. La orientación programática vino dada en el documento «Programa de Políticas Públicas para el Desarrollo Integral: Desarrollo Social con Eficiencia Económica»; publicado en septiembre de 1994 al iniciarse el gobierno. La meta era una reforma estructural para transformar la estructura económica y orientarla hacia un sistema competitivo.
En el vídeo que dejamos a continuación se presenta un resumen informativo de los acontecimientos que se desarrollaron durante el año 1995. Este viaje en el tiempo es una forma práctica de demostrar que, en el ejercicio de su gobierno, el Dr. Pérez Balladares y su equipo de trabajo pudieron desempeñarse con eficiencia, legitimidad y respeto social. Siguiendo la línea teórica en torno al tema de la gobernabilidad en el sistema democrático, las acciones de su administración pudieron expresar instituciones de gobierno tanto eficaces como legítimas, lo que trajo como consecuencia el libre ejercicio de la voluntad del Poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo.
