Con esta carta dirigida a Roberto Rock, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, el grupo de abogados del exmandatario fija posición oficial en torno a lo expresado el pasado 6 de agosto por ese organismo en torno a la posibilidad de que los 15 procesos civiles y 5 demandas penales que enfrenta la Corporación La Prensa en Panamá «terminen por sofocar la capacidad de subsistencia de esa empresa de medios, con el resultante impacto negativo que ello tendría para la libertad de expresión en ese país». Clic aquí para conocer lo señalado por SIP.
La misiva está firmada por el abogado José María Castillo, en su calidad de Apoderado Judicial del expresidente panameño en la demanda que mantiene un secuestro de activos de dicho medio de comunicación. En ella se emplaza a la directiva de ese ente internacional a «hacer una reflexión interna sobre cuál es el papel de su organización tanto en el ámbito doctrinal como en el contexto del respeto a la ley de los países que cubre la SIP. En ese sentido, sugerimos que no sea aceptable que la libertad de prensa se utilice para hacer presiones indebidas a personas o a jueces que les toca decidir diferendos«, dice el jurista.
La medida cautelar sobre los activos de La Prensa está encaminada a garantizar las acciones legales que emprendió el Dr. Ernesto Pérez Balladares en 2012 contra este conglomerado por la difusión de información falsa en una serie de artículos publicados el 21 y 22 de marzo de 2011 en las versiones impresa y digital de dicho medio. En esa oportunidad las notas periodísticas hicieron alusión directa y sin fundamento de que el exmandatario estaba involucrado en un caso de blanqueo de capitales que era investigado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público. Clic aquí para conocer los detalles de este caso.
El equipo jurídico del exmandatario ha pedido al SIP que se pronuncie si está o no de acuerdo con que «toda persona natural o jurídica que cometa un error está en la obligación de repararlo. Si se cumpliera con este deber, jamás se tendría que llegar a las instancias judiciales. Pero cuando la soberbia, el orgullo, la ausencia de inteligencia emocional o todas juntas se interponen al debido procedimiento, entonces no queda otro camino que el que conduce a los tribunales de justicia«.
Los abogados también destacaron que el ejercicio del derecho de un ciudadano a defenderse en tribunales no es un acoso. «Acoso es una campaña mediática que se organiza contra una persona que es considerada enemigo por el dueño del medio y que se dedica a utilizar su medio para extorsionarlo, difamarlo, degradarlo frente a su familia y la sociedad de su entorno. Eso sí es considerado como una falta grave y en ese escenario la SIP está obligada a instruir un ejercicio correcto del medio de comunicación que ha dejado a un lado la ética», expresan en la misiva.
Haga clic aquí para leer la comunicación enviada al SIP por el abogado José María Castillo.