EJECUCIÓN DE SECUESTRO CONTRA LA CORPORACIÓN LA PRENSA NO COMPROMETE EL LIBRE EJERCICIO DEL PERIODISMO EN PANAMÁ

En la continuación de un proceso que ya lleva ocho años, el Juzgado Decimoquinto Civil de Circuito de Panamá, a cargo de la jueza Lina Castro de León, dictó orden de secuestro por un monto de un millón de dólares sobre los activos – tales como dineros, bonos, acciones o cuentas por cobrar – de la Corporación La Prensa. 

La medida cautelar está encaminada a garantizar las acciones legales que emprendió el Dr. Ernesto Pérez Balladares en 2012 contra este conglomerado al que pertenece el diario La Prensa, por la difusión de información falsa en una serie de artículos publicados el 21 y 22 de marzo de 2011 en las versiones impresa y digital de dicho medio. En esa oportunidad las notas periodísticas hicieron alusión directa y sin fundamento de que el exmandatario estaba involucrado en un caso de blanqueo de capitales que era investigado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público. 

A pesar de que se demostró ampliamente que esos señalamientos eran falsos, La Prensa no tuvo la disposición de retractarse. En consecuencia, en marzo de 2012 el exmandatario introdujo una demanda civil por 5.5 millones de dólares en contra de la Corporación La Prensa por daños y perjuicio, al vincularlo de manera intencional e injuriante al blanqueo de capitales. Entre sus alegatos no solo destaca el daño moral y el desprestigio nacional e internacional de su imagen, sino la posible presión mediática indebida hacia el juez que atendería una audiencia preliminar a la que Pérez Balladares debía acudir por aquel caso. 

La ejecución de este secuestro NO coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodista a la que tiene derecho el mencionado medio y mucho menos a la libertad de prensa en el país. Los abogados demandantes solicitaron la acción amparándose en lo dispuesto en el artículo 533 y siguientes del Código Judicial, con la finalidad de evitar que el proceso civil en contra de la Corporación La Prensa sea ilusorio en sus efectos. Es decir, la orden de secuestro corresponde a la evolución natural del caso N° 20896, en el que ambas partes han ejercido las acciones legales que contempla la Constitución de la República de Panamá y las leyes complementarias que salvaguardan los derechos de todos los ciudadanos.

Estas fueron las noticias falsas publicadas por La Prensa y que no quiso retractarse en su momento: 

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