Con esta afirmación, el exministro de Economía y Finanzas Fernando Aramburú Porras resumió su postura sobre el contrato para el manejo de los puertos de Cristóbal y Balboa, durante una entrevista en RPC Radio.
En su intervención, Aramburú Porras subrayó la diferencia fundamental entre la declaración de inconstitucionalidad del contrato y su anulación por incumplimiento, dos escenarios jurídicos con implicaciones muy distintas. Aunque evitó profundizar en los tecnicismos legales, sí se atrevió a anticipar posibles consecuencias en el proceso de arbitraje internacional y la lectura que, a su juicio, podrían estar haciendo los inversionistas extranjeros tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El exministro hizo un recuento histórico de la concesión y reconoció que “el contrato empezó bien”. Recordó que, en sus inicios, los puertos no funcionaban como centros de trasiego internacional, sino como simples puntos de descarga de mercancía con destino a Panamá. La transformación exigía fuertes inversiones, razón por la cual el contrato original contempló exoneraciones, pero también estableció condiciones de pago claras que garantizaban un equilibrio económico para el Estado.
Según Aramburú Porras, el primer gran error fue la adenda de “equiparación” aprobada durante el gobierno de Mireya Moscoso, una modificación que —afirmó— nunca fue debidamente justificada. También recordó la oposición de la empresa concesionaria a la construcción del puerto de Corozal, una postura que calificó de incompatible con el rol de un socio estratégico del país.
“No solamente no le pagaban a la República lo que correspondía por haber concesionado la joya de la corona —puertos ubicados en la entrada del Canal de Panamá—, sino que además intentaron impedir la competencia, pese a que había mercado suficiente para todos. Eso fue una acción mezquina que demostraba que no eran buenos socios para la República”, señaló, agregando que ese fue el momento en que el contrato debió haberse suspendido.
Aramburú Porras fue aún más severo al referirse a la renovación del contrato en 2022, calificando como “panameños traidores” a quienes la aprobaron, pese al evidente desbalance contractual y los abusos acumulados. A su juicio, Panamá debe hacer un mea culpa colectivo, ya que el contrato resultó perjudicial no solo por la conducta de la empresa, sino también por la irresponsabilidad de abogados, funcionarios y gobiernos que permitieron la desfiguración progresiva del acuerdo original.
Al cierre de la entrevista, el exministro abogó por un cambio de mentalidad de cara al proceso de licitación que se avecina y a futuras renovaciones contractuales. Llamó a poner fin a lo que denominó la “Patria Boba” y recordó que Panamá ya no es el país de hace tres décadas. Concluyó que hoy administramos el Canal con eficiencia y hemos construido una de las plataformas logísticas más atractivas del mundo. Es momento de entender nuestro verdadero valor y cobrar lo que corresponde.