La administración Pérez Balladares se vio obligada a cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el gobierno de Guillermo Endara en torno al proceso de privatización de varias compañías propiedad del Estado panameño. Pero, en vez de continuar con el Plan Ford, decide copiar la idea del general Omar Torrijos de las alianzas público-privada.
Entonces, la propuesta del equipo de Pérez Balladares para lograr mayor eficiencia y liberar recursos que el Estado destinaría a las necesidades más urgentes consistía en la reestructuración de las empresas estatales estratégicas en entidades corporativas, administradas por el sector privado, y en las que el Estado mantuvo el control de 49% de las acciones. Hablamos del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y la modernización del sector eléctrico que funcionaba bajo la figura del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).
También se adoptaron normas con la finalidad de regular el mercado de las telecomunicaciones a través de la Ley 31 del 8 de febrero de 1996; incluso se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos – que tendría la responsabilidad de velar por el desempeño de los operadores privados de servicios básicos en el mercado nacional – y que se regiría por la Ley 26 del 29 de enero de 1996.
Para el periodista James Aparicio, se logró de la manera «menos traumática para el país y más beneficiosa desde el punto de vista económico«, la modernización las los sectores que más pérdida le daban al Estado, pero que al mismo tiempo eran los más sensibles para la población.