Durante el mandato del presidente Guillermo Endara se puso en marcha el “Plan Ford”, con el que se ejecutó un agresivo programa de liquidación de varias empresas del Estado, como Cementos Bayano y Cítricos Chiriquí. Aquel programa, que realmente se llamó “Estrategia nacional de desarrollo y modernización económica: Política para la recuperación, el crecimiento sostenido y la creación de empleos”, no sólo se sustentaba en la necesidad de tener una salida sostenida a la crisis de recursos que tenía el Estado panameño; sino que provenía de un fundamento ideológico de la extrema derecha norteamericana, encabezada por el presidente Ronald Reagan. Según sus premisas, tener cualquier empresa estatal significaba un acercamiento del país al socialismo y al comunismo, y por tanto se debía evitar a toda costa. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo ejercieron una fuerte presión para lograr aquel fin.

Cuando Endara intentó avanzar con la privatización del INTEL, la gente se opuso con firmeza por diversas causas. Aquel gobierno, consciente de que ya había caído en un franco deterioro, entendió que la ciudadanía no permitiría bajo ninguna circunstancia una nueva venta. Así que les resultó más cómodo dejar para la siguiente administración – la de Pérez Balladares – la complicada tarea de hacer frente al compromiso de la venta TOTAL de las empresas estatales. Para enredar más el asunto, el gobierno de Endara NO dejó un centavo para la modernización del país, que era necesaria para seguir adelante por lo menos los próximos 10 años.

En medio de esa monumental presión, el equipo del presidente Pérez Balladares se remitió a una idea del propio General Omar Torrijos: Las empresas MIXTAS. Así que, cuando los que estaban detrás del Plan Ford insistieron en que las empresas estatales eran ineficientes y por tanto no podía otorgar dinero para que siguieran por ese camino, el nuevo gobierno respondió: Vamos a asociarnos con personas, sociedades y entidades que saben manejar empresas de este tipo. Vamos a permitirles que ellos administren, pero el Estado panameño obtendrá la mitad de las acciones de esas empresas.

Dicha y aceptada aquella idea, se pusieron manos a la obra. Los primeros pasos quedarían claros en aquella Sesión Extraordinaria del Consejo de Gabinete del 30 de octubre de 1994, que arrancó con la amplia exposición del Gerente General del INTEL, Juan Ramón Porras, sobre el estatus del organismo. El diagnóstico era alarmante:

Para ese momento el número de líneas telefónicas era de 300.000, mientras había una “demanda insatisfecha” de 60.000.
45% de esas líneas telefónicas disponibles eran análogas. O sea, no se tenía una red completamente digitalizada. Existía una congestión de 91.6% en esas centrales telefónicas, que en un 80% eran tipo “standar”. Por eso los usuarios catalogaban de “dinosaurio” aquel servicio.
No se tenía un servicio internacional competitivo, lo que afectaba sustancialmente los ingresos futuros de la empresa.
Los ingresos que registraba la empresa estatal eran de 280 millones de dólares. Mientras, los gastos eran de 80 millones de dólares y la inversión que se hacía ascendía igualmente a 80 millones. El aporte al Estado se ubicaba así en 115 millones de dólares.
La situación financiera de Intel no le permitía avanzar hacia la telefonía móvil. El Gerente General de la institución señaló que existía una Ley desde 1991 que autorizaba la telefonía celular en la Banda A para licitación pública privada y en la Banda B para que la desarrollara Intel, pero no se había podido hacer nada con ninguna de las dos.
Intel contaba con 3.703 trabajadores. La mayoría estaba desmotivado, con bajos salarios, falta de herramientas y pesimistas en relación al futuro.
Las herramientas y equipos de trabajo de la empresa contaban otra triste historia. Solo en el caso de la flota de vehículos se observaba que 60% tenía más de cinco años de antigüedad y estaba destruida. “Nos estamos convirtiendo en un taller de mecánica, siendo nuestra función la de dar telecomunicaciones”, dijo Juan Ramón Porras.
La situación con los sistemas de computo y facturación no era diferente: totalmente anticuados e ineficientes.
El retraso tecnológico era tan grande que parecía imposible ponerse al día en los siguientes tres años con las inversiones económicas necesarias para modernizarse.

La solución a este cuadro tan desalentador ya estaba calculada: Una inyección de 581 millones de dólares en los siguientes 5 años. La venta de las acciones era la única vía para obtener los recursos y el mecanismo sería la Ley N° 35-94 que autorizaba la reestructuración de Intel que en ese momento era 100% del Estado. Ese instrumento “eliminaría la burocracia en las compras; la eliminación de la congestión de la Contraloría, la situación de la planificación central del gobierno por corporativa propia; y la sustitución de los aportes de dividendos”.

A continuación rsumimos los puntos más importantes del programa presentado en esa Sesión Extraordinaria:

• Venta del 49% de las acciones de Intel mediante licitación pública especial. Se pasaría por un proceso de calificación previa de los proponentes y se consideraría para licitación solo la oferta más alta.
• El Estado se quedaría con el 49% del capital y los trabajadores con el 2% en un Fideicomiso.
• En cuanto a la relación laboral de esos trabajadores, se planteaban dos posibilidades: 1.- liquidar al empleado y hacer un contrato nuevo; 2.- que Intel asumiera el pasivo laboral. La decisión dependería de las negociaciones con el sindicato.
• La concesión sería a 20 años con el compromiso de invertir 581 millones en telecomunicaciones. La liberación de los servicios se haría a partir del 8° año de la concesión.
• El plan también establecía los parámetros para la telefonía celular móvil, la fija, la celular satelital, los servicios añadidos y hasta la “supeautopistas de comunicaciones”.

La gran expectativa era que el Estado sacara unos mil millones de dólares con la venta del 49% de las acciones de Intel, “lo que se invertiría en obras de infraestructura y no en gastos corrientes”. Esto es lo que algunos economistas catalogan como “efecto multiplicador”.

En este escenario aún era posible que se dieran algunas críticas. Una podría centrarse en el hecho de que el Estado dejaría de percibir los 115 millones de dólares que Intel le suministraba anualmente. La respuesta a esto era simple: El Estado se convertiría en accionista de la empresa, por tanto “va a obtener dividendos y como se trata de una empresa privada también cobrará el Impuesto Sobre la Renta. Entre estos dos elementos se garantiza que el Estado recibirá más de 115 millones de dólares” que en ese momento percibía “en desmedro de las telecomunicaciones”, quedó expresado en el acta de aquel Consejo de Gabinete.

Finalmente, el 20 de mayo de 1997 se hizo el llamado a licitación pública para adjudicar el 49% de las acciones al sector privado. Ganó la empresa de capital inglés Cable & Wireless, que ofertó por encima del precio base y terminó pagando 652 millones de dólares para ser parte del negocio de explotación fija.

A continuación dejamos un enlace para que pueda descargar en formato pdf el acta de 65 páginas de esa Sesión Extraordinaria. Aquí podrá leer mayores detalles del plan para modernizar las telecomunicaciones, incluida la discusión artículo por artículo del proyecto de Ley 35-94 para la Reestructuración del Instituto Nacional de Telecomunicaciones” (INTEL), el cual quedó aprobado por unanimidad en ese Consejo de Gabinete.

Clic aquí para descargar: CONSEJO DE GABINETE-30 de octubre 1994

La discusión sobre el proyecto  N° 36-94 “por la cual se dicta la Ley General de Telecomunicaciones” quedó para otra fecha.

A partir de ese día se trazó un camino que culminó en mayo de 1997, con la exitosa venta del 49% de las acciones de Intel a la compañía inglesa Cable & Wireless en $652 millones.

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