El 20 de mayo de 1997 el gobierno de Ernesto Pérez Balladares anunció el fin del proceso de corporización del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) con la adjudicación de 49% de las acciones de la estatal a la compañía inglesa Cable & Wireless por US$652 millones. La propiedad del otro 49% de la empresa quedaba en manos del Estado y el 2% restante pasó a unos 3.600 trabajadores.
Guillermo Chapman, ministro de Planificación y Política Económica, dijo a los medios de comunicación que el negocio con C&W fue «una transacción financiera muy exitosa. El precio de $652 millones es tan bueno que, traducido a una base per cápita, es el precio más alto que se haya pagado en cualquiera de las privatizaciones de América Latina«.
El anuncio revistió cierta sorpresa, pues todo indicaba que la ganadora de la licitación sería la estadounidense GTE, que contaba con un mayor capital de operación y había hecho una propuesta por US$451.9 millones. Pero la gigante británica – que en ese momento tenía operaciones que alcanzaban unos $8.467 millones anuales en 50 países – se impuso presentando una oferta de US$152 millones por encima de la favorita. C&W también se comprometió a hacer una inversión de US$500 millones para mejorar el servicio y llevar las líneas telefónicas de 330.000 a 800.000 en los siguientes cinco años.
La modernización de las telecomunicaciones arrancó en los primeros cien días de la administración Pérez Balladares e implicó dar ciertos pasos vitales, como la aprobación de la Ley 5 del 9 de febrero de 1995 – que convirtió al Instituto Nacional de Telecomunicaciones en una Sociedad Anónima denominada INTEL S.A. y autorizó la venta de parte de sus acciones a un operador internacional en un proceso de licitación pública. También fue necesaria la creación del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) – que regiría precisamente el buen desempeño del sector de las telecomunicaciones – mediante la Ley 26 del 29 de enero de 1996, aprobada por la Asamblea Legislativa. En la designación de las primeras autoridades de la ERSP se involucró de forma explícita al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, e implícitamente a los partidos políticos. Luego sobrevinieron otros procesos que permitieron la entrada de la telefonía celular a Panamá, para completar la modernización del sector.
Si quieres conocer otros detalles de esta licitación del 20 de mayo de 1997 con la que se dio entrada a C&W al país, despliega para leer más ⇓
- El Contrato de Concesión Nº 134, del 29 de mayo de 1997, otorgó a Intel, S. A., hoy día Cable & Wireless Panamá, S. A., el derecho de operar, administrar, instalar, prestar y explotar, por su cuenta y riesgo, dentro de todo el territorio nacional, los servicios de telecomunicación básica local, nacional, internacional, de terminales públicos y semipúblicos y el servicio de alquiler de circuitos dedicados de voz. Este derecho se otorgó en régimen de exclusividad temporal, que finalizaba el 1 de enero del año 2003. A partir de esa fecha se permitiría que otras compañías participaran en ese tipo de servicios del negocio.
- La venta parcial de INTEL a C&W también permitía que Panamá participara en proyectos de fibra óptica.
- Con la entrada de C&W al mercado de las telecomunicaciones nacional se logró una capacidad excedente, muy por el contrario a lo que sucedía antes de la privatización. La digitalización de la conmutación y la transmisión llegaron a ser plenas. La empresa inglesa sobrepasó la expectativa, e incluso invirtió más adelante en otros productos importantes para un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, como son la banda ancha (ADSL) para acceso a Internet a gran velocidad.
- El plan de privatizaciones desarrollado por Pérez Balladares inspiró a otros países latinoamericanos. En Colombia, se anunció a los pocos días de la venta parcial de INTEL a C&W que la mayor empresa de telecomunicaciones de ese país, la estatal Telecom, vendería a una firma extranjera hasta un 30% de sus acciones, en una medida que buscaba recapitalizar a la compañía para hacerla más competitiva. “Yo estoy luchando y trabajando para que Telecom pueda tener un proceso de recapitalización en donde podamos convertir a la empresa en una sociedad de economía mixta, que se maneje como una empresa privada“, dijo el presidente de Telecom, José Blackburn.
Con la imagen que dejamos un poco más abajo, podrá hacer una comparación de cómo era la telefonía básica de nuestro país entre 1991 y 1999.
Este cuadro corresponde a una publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), titulada «Competencia y Regulación en las Telecomunicaciones: El caso de Panamá«, y en el que se utilizan datos del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP).
No sólo podrá notar un aumento sustancial del número de líneas telefónicas, sino la aparición en el país de teléfono públicos que – aunque no crea – eran inexistentes para 1997.
El 18 de noviembre de 1997 Cable & Wirelles paga US$72.61 millones para explotar la banda B de telefonía celular, pues tenía derecho automático, de acuerdo con la norma establecida, y debía pagar la misma suma que el vencedor de la licitación de la banda A.
Recordemos que en 1996 la «A» fue la primera banda en licitarse para la prestación del servicio de telefonía móvil celular, en todo el territorio de la República de Panamá. El vencedor fue BellSouth, en alianza con Multiholding, y pagó por el derecho 72,6 millones de dólares. Motorola fue el segundo mejor postor, al ofrecer 42 millones de dólares, de modo que no pudo entrar en este mercado.
Otro aspecto importante que debemos aclarar aquí es que, de acuerdo con la normativa, los servicios de telecomunicaciones fueron otorgados en concesión en dos tipos distintos, denominados Tipo A y Tipo B. El rasgo distintivo entre éstos es que uno establece un régimen de exclusividad temporal en el mercado (A) y el otro no (B). El Ente Regulador, por medio de la Resolución JD-025 del 12 de diciembre de 1996, clasificó los servicios de telecomunicaciones y determinó que el servicio de telefonía móvil celular para las bandas A y B es un servicio Tipo A. Antes de eso, estas frecuencias para el servicio de telefonía móvil celular fueron asignadas mediante la Ley Nº 17, del 9 de julio de 1991.
El término “exclusividad temporal” simplemente significa que la concesión se otorga a una sola empresa o a un número limitado de ellas, determinando así de forma intencional una estructura de mercado monopólica u oligopólica. Se definen estos tipos en el artículo 7 de la Ley Nº 31, del 8 de febrero de 1996, «por la cual se dictan normas para la regulación de las telecomunicaciones en la República de Panamá».
El 9 de junio de 2018, el director ejecutivo de Asuntos Corporativo de Cable & Wireless Panamá, Roberto Mendoza, señaló en un artículo de opinión – publicado por el diario local El Siglo bajo el titulo «Comprometidos con el desarrollo tecnológico y económico del país» – que su empresa había aportado a la economía nacional B/.7,718 millones. De esa cifra, B/.2,202 millones correspondían a inversiones de capital para el desarrollo de infraestructura y redes, «así como en la incorporación de tecnologías innovadoras como Internet ADSL, cobertura celular GSM y LTE, Televisión Digital Pre-pagada, Servicios Master y 3D Nation, entre otros. CWP ha pagado impuestos al Estado por B/.932 millones. En cuanto a los dividendos otorgados, producto de su estructura accionaria, ha entregado al Estado y Colaboradores (beneficiarios del fideicomiso de 2%) la suma de B/.952 millones. Información publicada anualmente en medios de comunicación y en nuestro sitio web«.
El alto directivo de C&W aprovechó el espacio para aclarar que «Al entrar a operar la Banda ‘B’ de telefonía celular, como parte de los derechos adquiridos al ganar la concesión del 49% del entonces INTEL, S.A., Cable & Wireless Panamá S.A. fue el segundo operador del mercado, por lo tanto, no se ha participado en un monopolio al prestar dicho servicio. Posteriormente, en 2008 se abre este mercado y entran 2 operadoras más, siendo un total de 4 los que brindan el servicio móvil en un mercado abierto y en competencia«.
“El paternalismo creó en la conciencia de un gran número de panameños esa sensación de que la privatización fue mala, aunque hoy recibe un servicio de mucha más calidad”, comenta el periodista James Aparicio cuando le pregunta de dónde vienen las críticas a la política de modernización que implementó el gobierno de Pérez Balladares.
