El gobierno de Ernesto Pérez Balladares adoptó medidas para la prevención del lavado de dinero producto del narcotráfico. Una de ellas fue la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), adscrita a la Presidencia de la República, con la Ley 46 del 17 de noviembre de 1995.

En su concepción, la función de la UAF  era la de recopilar información financiera proveniente tanto de entes gubernamentales como privados relativa a transacciones que puedan tener vinculación con el blanqueo de capitales producto del comercio ilícito de drogas. Los resultados son entregados al Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, quien será el funcionario encargado de transmitir dicha investigación a las autoridades competentes para abrir un proceso de investigación de acuerdo con la ley.

Aunque la norma rectora de la UAF ha sufrido variaciones desde su creación, su esencia no ha variado en los últimos y se ha convertido no sólo en el instrumento para enfrentar el lavado de dinero en el país, sino en la prevención y ataque del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Actualmente brinda asistencia técnica a los distintos estamentos de seguridad, intercambia información de inteligencia financiera con entidades homologas de otros países, a fin de proteger la economía nacional, con tecnología de punta e innovación, valores institucionales en un marco jurídico y de respeto a los derechos humanos.