Reglas claras: Licitaciones y compras del Estado

Durante el periodo presidencial de Pérez Balladares no sólo se dieron procesos judiciales transparentes, ventilados por todos los medios de comunicación del país, en contra de algunos funcionarios públicos que cometieron delitos de corrupción, sino que se dictaron normas para regular los actos de licitación públicas y los procesos de compras del Estado.

La Ley 56 del 27 de diciembre de 1995, qué fue reglamentada por el Decreto Ejecutivo N° 18 de 25 de enero de 1996, se convirtió en la pieza clave para que la administración cumpliera el precepto de transparencia en el contexto de una política de «freno a la corrupción». Este instrumento  sirvió como marco jurídico para el funcionamiento de la Dirección de Contrataciones Públicas, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que regía diversas funciones y gestiones relacionadas principalmente con todo lo referente a la adquisición de bienes y servicios por parte de las agencias consumidoras del Estado mediante actos públicos de selección de contratistas
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