En el contexto de los objetivos nacionales planteados por el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, la modernización de la economía tenía como punta de lanza la captación de inversiones privadas, locales y extranjeras, y la ampliación de nuestros mercados a escala internacional.
Para conseguir atraer capital privado, principalmente el foráneo, el Ejecutivo dio pasos firmes en los temas de transparencia y credibilidad; comenzando por el establecimiento de reglas claras de juego en los procesos de reestructuración de empresas estatales y en la ejecución de proyectos. Así que, por ejemplo, en el caso específico de las obras públicas para la modernización vial, quizás la más grande del siglo XX en Panamá, se detallaron el tipo de proyecto que se quería, el financiamiento; las condiciones que estaban estipulada; cómo el Estado iba a pagar y cuándo lo haría.
Otra cara de las garantías
Pero eso no era suficiente para los inversionistas. Para meter su dinero en un país que recién había recuperado su democracia, ellos exigían que el sistema judicial fuera capaz de cumplir con la ley y el orden. Esto no se trataba solamente de que el marco legal vigente, empezando por la Constitución y continuando con los Tratados Internacionales suscritos por Panamá en el pasado o en el futuro, protegieran la propiedad privada en general y promovieran la inversión sin discriminación. La seguridad jurídica es un componente significativo de la competitividad que implica seriedad administrativa y fortalezas institucionales. Es lo que le garantiza al inversor que no se verá afectado porque se le dio sorpresivamente vuelta al tablero de juego; y que, si se llegaran a dar incumplimientos o ciertas anomalías, el sistema judicial está en capacidad de investigar y exigir responsabilidades.
Esta realidad fue la que impulsó a la administración Pérez Balladares a trabajar en la modernización del Órgano Judicial. El grueso de los recursos necesarios para este fin salió de un préstamo de 18 millones 900 mil dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En el acta del Consejo de Gabinete del 7 de mayo de 1998 fue autorizada la celebración de un Contrato de Préstamo entre la República de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución del programa de mejoramiento de la administración de justicia.
La modernización del Órgano Judicial emprendida por la administración Pérez Balladares – que se hizo con este préstamo y aportes locales – incluía al Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de la Administración.
Para cumplir la meta, se ejecutaron las siguientes actividades:
- Entrenamiento de jueces y miembros del MP.
- Asesoría para el establecimiento de procedimientos más ágiles.
- Dotación de equipos de computación y adquisición de programas de computo especializados para el manejo de todos los tipos de trámites judiciales.
- Creación de un centro de entrenamiento para personal a través de la Procuraduría de la Administración.
- Para el momento en que fue discutido el uso de este préstamo del BID, la lentitud en el sistema judicial tenía un récord de 60% de personas sin ser juzgadas
