«Las leyes deben responder al signo de los tiempos… no podíamos dejar vigente un andamiaje que comenzaba a universalizar la frustración y la desesperanza», dijo el presidente Ernesto Pérez Balladares el 6 de julio de 1995 al sancionar la reforma de la Ley Orgánica de la Educación.
Cuando se estableció la República de Panamá en 1903, la educación fue organizada de manera centralizada, al igual que en muchos países latinoamericanos. Posteriormente, con la Constitución de 1946, que incorporó principios inéditos en materia social y educativa, con la aprobación de la Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación y la creación en cada provincia las Inspecciones Provinciales de Educación con el propósito de lograr una administración más efectiva; aunque muy subordinadas a las decisiones emanadas del nivel central.
A medida que creció la prestación del servicio, los problemas técnicos y administrativos se fueron agravando. Con la Constitución Política de 1972 se crearon las primeras Unidades Descentralizadas de Educación en el ámbito regional. Pero eso no fue suficiente para establecer en el país una educación acorde con la evolución del mundo.
Cuando cambió el telón de fondo, con los cambios políticos y económicos que la administración de Pérez Balladares implementó para modernizar el Estado Panameño, se concretaron modificaciones sustanciales al marco jurídico que regía el sistema educativo desde hacía cuarenta y nueve años. Con la Ley 34 de 6 de julio de 1995 se establecieron las bases para la descentralización, con el objetivo de ampliar la cobertura de la educación a los grupos poblacionales de menor ingreso. La reforma también abarcó el mejoramiento de la calidad de la enseñanza (entrenamiento a educadores); nuevos planes y programas de estudios; la dotación de recursos didácticos (equipamiento y dotación de laboratorios); así como la reparación y construcción de instalaciones escolares.
A pesar de estos importantes pasos, hasta la fecha el presidente Ernesto Pérez Balladares sostiene que le faltó tiempo para impulsar otras reestructuraciones a favor de un sistema educativo más inclusivo, equitativo y de calidad que brindara oportunidades de aprendizaje sostenible para todos.
Al hacer clic sobre los títulos ubicados abajo, accede a un vídeo del acto de sanción de la Ley 34 el 6 de julio de 1995 que se realizó en el Centro de Convenciones de Atlapa. También encuentra información relevante sobre las acciones emprendidas posteriormente por el gobierno del presidente Pérez Balladares.
La Estrategia Decenal de Modernización de la Educación 1997-2006 tenía como propósito construir un modelo de educación democrática y de calidad, capaz de formar a todas las personas, de todas las regiones y condición social del país, para que adquieran los conocimientos, actitudes y destrezas que les permitieran vivir y participar activamente en la sociedad moderna.
El plan diseñado por el gobierno de Pérez Balladares orientó durante una década los esfuerzos del Estado panameño de conformidad con las políticas siguientes:
- Fomento de la democratización de los servicios educativos.
- Atención prioritaria al mejoramiento de la calidad de la educación.
- Búsqueda de una planificación y gestión moderna, descentralizada y eficiente.
- Ampliación de la participación de la familia y la comunidad en la educación.
- En el marco de la visión propuesta, como parte de la misión del Ministerio de Educación, se puso en marcha la descentralización progresiva de las decisiones y funciones, que permitió fortalecer el compromiso y la capacidad de innovación técnico pedagógica y administrativa de las instancias regionales del sistema y, sobre todo, de los centros educativos de todo el país.
Con este propósito, se crearon – mediante la Ley 28 del 01 de agosto de 1997 – las Juntas Educativas Regionales y las Juntas Educativas Escolares, como instituciones dependientes administrativa y financieramente del Ministerio de Educación, pero con plena autonomía funcional.
Los logros alcanzados abarcaron a diversos niveles del sistema educativo e implicaron una gama de acciones que impactaron sobre una multiplicidad de áreas.
Fue gracias a esa modernización que se conformaron y capacitaron equipos de docentes y directivos, incluyendo los que trabajan con población indígena y urbano marginal. Igualmente, se establecieron acuerdos de cooperación – a partir de cartas de compromiso – entre el Ministerio de Educación y las Universidades y para formar docentes.
Un préstamo otorgado por el BID fue una pieza clave para desarrollar este plan de modernización de la economía.
Entre los archivos desclasificados está el acta del Consejo de Gabinete del 2 de julio de 1997 en la que se puede leer que, aunque no estaba en la agenda del día, al iniciar el Consejo de Gabinete se realizó una presentación de la GBM y del Grupo IBM sobre la “Modernización de la Educación”, haciendo referencia al cambio de leyes, reformas y descentralización. Este detalle evidencia que el gobierno buscaba la asesoría de quienes en ese momento estaban a la vanguardia en el tema.
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) tiene publicada una amplia reseña sobre este proceso de descentralización de la educación oficial en Panamá, iniciado por Pérez Balladares, con base a un cuestionariorio desarrollado por áreas:
- Planificación y programación del servicio educativo: Contempla definiciones de políticas educativas, así como de planes y programas a nivel local. También expone la principal fuerza orientadora del servicio educativo, así como los mecanismos institucionales para la participación en la formulación de políticas, planes y programas.
- Administración de la educación: Reseña sobre la participación de las organizaciones comunitarias en actividades de gestión o de administración del servicio educativo.
- Financiación de la educación.
- Control y evaluación de la educación.
