Este acuerdo estableció las bases jurídicas del Subsistema de Integración Social y de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), con el propósito de fortalecer la cooperación regional en materia de desarrollo y bienestar social.
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) había sido constituido mediante el Protocolo de Tegucigalpa, suscrito el 13 de diciembre de 1991. El Tratado de San Salvador de 1995 amplió su estructura institucional, incorporando un marco específico para coordinar las políticas sociales de los países miembros.
La premisa fundamental de este nuevo subsistema fue reconocer que el ser humano constituye el centro y sujeto primordial del desarrollo, con el objetivo de promover mayores oportunidades, mejorar la calidad de vida y de trabajo de los pueblos centroamericanos y asegurar su participación plena en los beneficios del desarrollo sostenible.
Durante la XVI Cumbre también se planteó la necesidad de modernizar los órganos e instituciones de la integración centroamericana. En ese contexto, los mandatarios solicitaron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) una evaluación de su funcionamiento, con miras a fortalecer la coordinación institucional y mejorar la eficacia y eficiencia de sus procedimientos y resultados.
La participación de Panamá en este proceso tuvo continuidad jurídica durante la administración Pérez Balladares. Mediante la Ley 11 del 3 de enero de 1996, el país aprobó el Tratado de la Integración Social Centroamericana, cuyo instrumento de ratificación fue depositado el 26 de marzo de ese mismo año.
Uno de los aspectos más relevantes del tratado fue la designación de la ciudad de Panamá como sede de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, otorgando al país un lugar dentro de la estructura institucional de la cooperación social regional.
Los mandatarios que participaron en este proceso fueron:
Ernesto Pérez Balladares (Panamá)
José María Figueres Olsen (Costa Rica)
Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua)
Carlos Roberto Reina Idiáquez (Honduras)
Armando Calderón Sol (El Salvador)
Ramiro de León Carpio (Guatemala).
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Panamá, junto con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, forma parte del grupo de países que establecieron las bases del actual Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), concebido como una comunidad de Estados que aspira a fortalecer su integración política, económica y social mediante un proceso gradual y progresivo.
Este proyecto regional se fundamenta en principios, valores y objetivos compartidos, así como en un conjunto de instituciones y órganos con competencias definidas por los Estados miembros. Su desarrollo ha requerido adaptar los instrumentos jurídicos y los mecanismos de cooperación a las nuevas realidades políticas, económicas y sociales de Centroamérica.
El SICA, constituido mediante el Protocolo de Tegucigalpa del 13 de diciembre de 1991, está integrado actualmente por ocho Estados miembros: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana. Esta última se incorporó como miembro pleno el 27 de junio de 2013, ampliando el alcance geográfico y político del Sistema.
Su diseño institucional tomó en consideración las experiencias anteriores de integración económica, así como las lecciones derivadas de las crisis políticas y los conflictos armados que afectaron a Centroamérica durante las décadas precedentes. De esta manera, el Sistema fue concebido para contribuir a la consolidación de la paz, la democracia, la seguridad regional y el desarrollo sostenible.
A diferencia de los mecanismos tradicionales de integración, centrados principalmente en el intercambio comercial, el SICA incorporó una visión más amplia, que comprende las dimensiones política, económica, social, cultural y ambiental. Su propósito es promover un desarrollo regional armónico y equilibrado, colocando el bienestar de las personas entre sus objetivos fundamentales.
La creación del SICA también respondió a la necesidad de establecer un nuevo modelo de seguridad regional, vinculado no solamente a la prevención de conflictos, sino también al fortalecimiento de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos y la promoción del desarrollo social.
El Protocolo de Tegucigalpa constituye el tratado marco de la integración centroamericana y ocupa una posición de especial jerarquía dentro de su ordenamiento jurídico. Por esta razón, suele describirse como una especie de constitución regional, en tanto establece los principios, objetivos, órganos y competencias fundamentales del Sistema. Esta denominación no significa que sustituya las constituciones nacionales ni la soberanía de los Estados miembros.
Durante la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), Panamá participó en iniciativas dirigidas a fortalecer esta estructura institucional. Entre ellas destacó la suscripción del Tratado de la Integración Social Centroamericana en 1995 y su posterior aprobación mediante la Ley 11 del 3 de enero de 1996, que consolidó la participación panameña en el Subsistema de Integración Social.
La importancia de esta decisión trasciende aquel período presidencial. El SICA continúa funcionando como mecanismo de concertación y cooperación regional, mientras que sus diferentes subsistemas permiten coordinar iniciativas relacionadas con el desarrollo económico, la integración social, la seguridad democrática y la sostenibilidad ambiental.
Una muestra reciente de esta continuidad fue el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del SICA por Panamá durante el segundo semestre de 2025, período en el que el país participó en la coordinación de la agenda regional en materias económicas, sociales, ambientales, de seguridad democrática y fortalecimiento institucional.
En enero de 2026, Panamá entregó esta responsabilidad a República Dominicana, como parte del mecanismo de rotación de la presidencia entre los Estados miembros.
La participación panameña en el fortalecimiento del Subsistema de Integración Social durante la administración Pérez Balladares forma parte, por tanto, de un proceso de cooperación regional que continúa vigente. Su importancia histórica radica en haber contribuido a desarrollar una dimensión de la integración centroamericana orientada a que los beneficios del progreso económico también se traduzcan en mayores oportunidades y mejores condiciones de vida para la población.