Al gobierno de Pérez Balladares le tocó revisar y fortalecer el proceso de integración Centroamericana, en particular la institucionalidad regional. La expectativa de la época se centraba en enfrentar con eficiencia los desafíos del Siglo XXI e insertar a Panamá y Centroamérica en las corrientes mundiales de comercio y de inversión. La meta era que la región tuviera la capacidad para competir con éxito en el nuevo orden mundial: La globalización.
En ese contexto fue que el 12 de julio de 1997 Ciudad de Panamá sirvió de sede para la XIX Reunión Ordinaria de Presidentes Centroamericanos, un evento que contó por primera vez con la presencia – en calidad de observadores – del Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y el Viceprimer Ministro de Belice, Dean Barrow. El encuentro – que no era otra cosa que la continuación de lo que se emprendió en la XVI Cumbre de Presidentes de Centroamérica – terminó con la DECLARACIÓN DE PANAMÁ.
En esta reunión ordinaria, los mandatarios Ernesto Pérez Balladares (Panamá), José María Figueres Olsen (Costa Rica), Arnoldo Alemán (Nicaragua), Carlos Roberto Reina Idiáquez (Honduras), Armando Calderón Sol ( El Salvador) y Álvaro Enrique Arzú (Guatemala) decidieron emprender una profunda reforma del SICA con objeto de superar los problemas de descoordinación, ineficacia y dispersión institucional acumulados desde 1990.
Partiendo de un informe elaborado por CEPAL con fondos del BID, los líderes regionales aprobaron el documento Lineamientos para el fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad regional. En él se reafirma el papel director de la Reunión de Presidentes y el Consejo de Ministros y se proponen cambios significativos para el resto de las instancias e instituciones del Sistema. Estas decisiones se materializaron entre 1997 y 1998 y se concretarían en un nuevo instrumento jurídico único.
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En relación al Parlamento Centroamericano, se acordó elaborar un Protocolo modificatorio de su Tratado Constitutivo, modificando las disposiciones referidas a los privilegios e inmunidades de los parlamentarios, otorgando a los Presidentes la facultad de aprobar su presupuesto, que se reduciría paulatinamente. También establecer un calendario y un sistema electoral coincidente con el de los Estados miembros y coordinar su agenda con la de los Parlamentos nacionales.- En relación a la Corte Centroamericana de Justicia, se acordó revisar las inmunidades y privilegios de sus magistrados, reducir su número a uno por país, fortalecer su papel en materia de arbitraje comercial.
- Se unificarían las secretarías en una sola Secretaría General con sede en San Salvador, integrando a su organigrama tres direcciones de área: económica, social y ambiente. Esta Secretaría General unificada se consolidó con un instrumento jurídico denominado «Tratado de Fusión».
- Se elaboraría un presupuesto único por parte de la Secretaría General, para ser aprobado por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en consulta con el Consejo de Ministros de Integración Económica.
- Se decide crear un Comité Consultivo único y elaborar un reglamento para la participación de la sociedad civil en el proceso.
En ese mismo año, en Managua, Nicaragua, el 2 de septiembre de 1997 bajo este nuevo esquema de integración, los Presidentes Centroamericanos decidieron ir más allá del mismo y suscribir su histórica “Declaración de Nicaragua” en la que proclamaron al mundo su voluntad de avanzar de una manera gradual y progresiva hacia “La Unión Centroamericana” como expresión superior de la Asociación Comunitaria establecida en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991.
A tal efecto se anunció la constitución de un «grupo de alto nivel» que elaboraría el proyecto de Tratado de la Unión, que establecería sus etapas y plazos.
Con La Unión Centroamericana se aspiraba que todos los sectores sociales de la región aprovechasen al máximo la estratégica ubicación geográfica del área, su potencial económico, su vasta riqueza ecológica y su vigoroso y abundante recurso humano en el nuevo orden mundial.
Así era como Panamá y Centroamérica se presentaban al cierre del Siglo XX ante el mundo y a la globalización. El empeño por insertarse con éxito al nuevo modelo económico mundial y mejorar de esta manera sus relaciones comerciales con el exterior llevaron a la región a suscribir y ratificar Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos Mexicanos, Chile, República Dominicana y con los Estados Unidos de América.
Este proceso de integración, con todo y sus dificultades, ha sido beneficioso para el ámbito económico y comercial de la región tanto en su conjunto, como para cada uno de los países que la conforman. Por ejemplo, la incorporación de Panamá a la OMC – lo que implicó una serie de retos importantes – , al igual que lo hicieron nuestros hermanos centroamericanos, provocó una re-adecuación de la normativa comercial en nuestra región con el objeto de darle cumplimiento a los compromisos asumidos en ese marco multilateral; como lo es la revisión de los instrumentos jurídicos de la integración regional, así como la adopción de leyes generales para la aplicación de los acuerdos de la OMC.