En los años noventa era agobiante el tráfico en la ciudad de Panamá. Un importante aumento en el número de automóviles coincidió con la falta de recursos del Estado para la inversión en infraestructuras.
La solución que encontró el gobierno de Pérez Balladares fue emprender la construcción de autopistas interurbanas bajo un esquema de concesión administrativa a empresas privadas. En este contexto fue que se desarrolló el Corredor Sur, un viaducto de 21 km de longitud – de los cuales seis van sobre la bahía de Panamá – y cuatro carriles para unir la zona de San Francisco y las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
En los primeros días de la administración, el 22 de octubre de 1994 se decidió en Consejo de Gabinete que este proyecto se ejecutaría por el Sistema de Concesión Administrativa. Luego, el 6 de diciembre de 1995 el Gobierno convocó, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la presentación de documentos de precalificación para el desarrollo de este viaducto, cuyo costo inicial fue calculado en unos 223 millones de dólares. El Estado asumió el compromiso de garantizar la circulación diaria de 15.625 vehículos por un período de 30 años. Se presentaron cuatro empresas: El consorcio mexicano-costarricense Meco, Santa Fe, Gutsa y la compañía mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA). Esta última fue la que se adjudicó la concesión.
Para el Ejecutivo era fundamental que la obra se desarrollara en un plazo de dos años, pero también que tuviera el apoyo de la ciudadanía. Por eso, cuando los vecinos de Punta Paitilla manifestaron su oposición a la ruta propuesta por ICA, se realizaron reuniones en el MOP que dieron como resultado la eliminación del tramo marino que circunvala Punta Paitilla y la reforma del tramo que pasaría por Panamá la Vieja para reducir el impacto en el complejo monumental.
En marzo de 1996, el MOP e ICA modifican las condiciones de ejecución.
Finalmente, el 6 de agosto de ese año, en un acto presidido por el presidente Pérez Balladares y el ministro de Obras Públicas, Luis Blanco, se firma el Contrato de Concesión Administrativa del Corredor Sur.
El 8 de mayo de 1997, ICA inicia la construcción de los primeros 13 kilómetros sobre tierra firme que abarca el tramo Tocumen/Costa del Este.
Pronto, algunas ONG’s y comités de residentes organizaron nuevamente manifestaciones en contra de la construcción del Corredor, alegando que si se ejecutaba el mega-proyecto tal y como estaba planificado tendría gran impacto medioambiental.
Entre noviembre de 1998 y marzo de 1999 se dan una serie de negociaciones que llevaron a la empresa ICA a contratar la firma consultora holandesa, WL Delft Hidraulics, para realizar las nuevas evaluaciones.
Entre marzo de 1999 y agosto de 1999 ICA decide modificar el diseño del tramo marino de pedraplén a pilotes, aclarando que este cambio incrementaría el coste de la inversión en más del doble por kilómetro. Le correspondió al MOP negociar las modificaciones del contrato de concesión y otorgarle a la empresa los derechos para realizar rellenos sobre el mar, en compensación por el incremento en los costes de inversión derivados de la construcción sobre pilotes.
Finalmente, las ONG’s y los comités de residentes quedaron conformes con decisiones tomadas después de catorce meses de conflicto.
