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Crónica de una evasión: descontaminación de las bases

Los estadounidenses dejaron "3 mil 175 hectáreas con explosivos y municiones no detonadas", en las áreas revertidas del Canal y en las zonas que estaban bajo su jurisdicción.

Así lo señala el documento oficial titulado «El proceso de saneamiento de las bases militares y otras áreas utilizadas por los Estados Unidos en la República de Panamá». El informe de 279 páginas fue publicado el 31 de julio de 1999 por un grupo de trabajo interinstitucional encabezado por el canciller Jorge Eduardo Ritter; Aida de Rivera, ministra de Salud; Nicolás Ardito Barletta, administrador general de la ARI; Mirei Endara, administradora general de la ANAM; y Daniel Delgado Diamante, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un mes antes de la revelación de esa radiografía de la contaminación de origen militar dejada por los estadounidenses, el presidente Ernesto Pérez Balladares fijó posición pública sobre este tema durante el acto de reversión de Fuerte Sherman, el 30 de junio de 1999. En su discurso, que puede descargar al hacer clic aquí junto con otros importantes documentos oficiales, el mandatario nacional fue tajante al señalar:

«Panamá recibe todas las áreas que formaban la antigua Zona del Canal, sin excluir aquellas que se encuentran contaminadas. Son territorios que pertenecen a todos los panameños y por eso nuestro país tiene el derecho irrenunciable de incorporarlos a su patrimonio. Sin embargo, recibir las áreas en mención no implica reconocimiento alguno de que los Estados Unidos hayan dado debido cumplimiento a las responsabilidades emanadas de los Tratados, en el sentido de entregar las tierras habiendo removido los peligros para la vida, salud o seguridad humana. Por el contrario, la República de Panamá de ningún modo renuncia a su derecho de recibir áreas descontaminadas y seguras para sus habitantes, ni libera a los Estados Unidos de las responsabilidades e indemnizaciones para con las víctimas por hechos que pudieran surgir por causa de la contaminación «.

El entonces embajador estadounidense, Simón Ferro, entregó al presidente Pérez Balladares las llaves simbólicas de 115 edificios que integraban el fuerte utilizado por 85 años como centro de supervivencia en la selva. A su vez, el jefe del Ejecutivo cedió las llaves a la mandataria electa Mireya Moscoso, presente en el acto, quien respaldó la posición fijada por su antecesor. Clic aquí para ver noticia digital publicada en ese momento.

El representante de Washington reconoció que para la descontaminación de las bases se deberían utilizan los mismos criterios y reglamentos que se aplican en su país; pero dijo que sería imposible sanear todos los polígonos. Durante los dos meses que antecedieron el cambio de gobierno, la saliente administración Pérez Balladares fue enérgica exigiendo a EE.UU. asumir sus responsabilidades. Clic aquí para leer una de las reseñas informativas de ese tiempo en la que se menciona una posible demanda internacional.

Herencia mortal

Desde que retomaron la construcción del Canal en 1904 y hasta 1999, Estados Unidos tuvo una actuación contradictoria en el tema ambiental. Por una parte, en sus actividades civiles desarrollaron la conservación de la cuenca hidrográfica y mantuvieron sus áreas residenciales como un ejemplo de convivencia con la naturaleza. Pero en su otra faceta, la más oscura, tras 95 años de ocupación, contaminaron con explosivos y residuos tóxicos el terreno concedido para sus bases militares, campos de tiro y áreas de bombardeo. Todo lo que ocurría en estos terrenos fue un gran misterio para nuestro país hasta 1977.

Fue gracias a la firma de los Tratados Torrijos-Carter que Panamá obtuvo la primera información respecto a la localización exacta de las tierras de uso militar, su extensión y función asignada. Entre los «sitios de defensa, áreas de coordinación militar y otras instalaciones» señaladas por Estados Unidos estaban los campos de tiro de Emperador y Piña, el área de bombardeo de Balboa y una importante extensión usadas como bases de reservas militares: Fuerte Amador y Fuerte Grant; el depósito de municiones de Cerro Pelado; cerro del Tigre; Fort Clayton; Curundú Heights; Fort Davis; Corozal; Fort Kobbe; Fort Gulick; Fort Randolph y Fort Sherman. Todas estas pertenecían al Ejército.

En cuanto a las reservas correspondientes a la Marina de Guerra estaban: la guarnición de tanques de Arraiján; Coco Solo; estación de radio Naval de Farfán; guarnición de tanques de Gatún; estación de radio Naval de Summit y West Bank situado en el sector occidental del Canal. En lo que respecta a la Fuerza Aérea se encontraban: la base Albrook y la base de Howard. Además de otras reservas como las de Quarry Heights, Herrick Heights, cerro Tigre; Río Hato; isla Iguana, Chivo Chivo y France Field. En todos estos espacios, los daños ecológicos causados y las repercusiones de sus acciones con armas convencionales y químicas que se probaron son tan extensas como la suma de los entrenamientos que los estadounidenses desarrollaron durante su permanencia en Panamá.

El estudio desarrollado por la administración de Ernesto Pérez Balladares no sólo dejó claro de que había 3.175 hectáreas contaminadas con explosivos y municiones no detonadas. También dejó las alarmas encendidas en cuanto al hecho de que en estas áreas residían para ese momento la mitad de la población nacional y se desarrollaba el 75% de actividades económicas. Hablamos de unas 56 mil personas en 65 comunidades que estaban en riesgo directo de ser víctimas de la explosión de esos artefactos. Se trataba de poblaciones campesinas, con baja escolaridad y en situación precaria que desarrollaban allí la caza o la ampliación de sus tierras. De acuerdo con unas proyecciones hechas en 1998 por la Contraloría General de la República, para el año 2015 el número de habitantes que estarían en riesgo mortal podría llegar a 79 mil 772 habitantes entre las provincias de Panamá y Colón.

Ante la grave realidad, el gobierno Pérez Balladares dejó en ejecución un programa de educación y prevención con las comunidades afectadas. Sin embargo, para cuando terminó ese período se contabilizaban veinte personas fallecidas y decenas lesionadas por estallidos. La víctima mortal número veintiuno fue Sabino Rivera, quien el 29 de junio del 2005 se adentró en el polígono de tiro de Piña, en la provincia de Colón, buscando unos guineos para comer.

Evasión estadounidense

El artículo IV del Acuerdo para la Ejecución del Tratado del Canal de Panamá dice: «A la terminación de cualquier actividad u operación conforme a este acuerdo, Estados Unidos estará obligado a adoptar todas las medidas hasta donde sea viable, para que toda amenaza a la vida, salud y seguridad humana sea removida de cualquier sitio de defensa, área de coordinación militar o porción del mismo en la fecha en que cese la autorización para su uso por parte de la fuerza de Estados Unidos».

En 2015, el excanciller Jorge Eduardo Ritter declaró para el diario La Estrella que Washington se refugió en esa expresión contenida el Tratado Torrijos-Carter, «hasta donde sea viable», para poner en duda la «viabilidad» de la limpieza; ya fuera por razones económicas o por imposibilidad técnica de hacerlo.

Desde los tiempos de Pérez Balladares, Panamá ha afirmado que el gobierno estadounidense hizo una interpretación unilateral de este artículo para dar por terminada su responsabilidad en nuestro territorio, planteando que las municiones sin detonar están en áreas boscosas de difícil acceso y que su limpieza total implicaría la destrucción de amplias hectáreas de bosques vírgenes. Han recomendado además que estos sitios se mantengan como reservas naturales, con letreros que adviertan a las personas que no deben ingresar a los mismos para evitar una tragedia.

En respuesta, Panamá ha exigido reiteradamente a Estados Unidos usar su tecnología y recursos para cumplir con la obligación establecida en los Tratados. También que deberían pagar al Estado una indemnización que se calcula en 480 millones de dólares para la limpieza de las 3.175 hectáreas contaminadas; así como un millón de dólares adicional para el patrullaje, mantenimiento y vigilancia de esta área. En 2017 Washington dio un tímido paso hacia el cumplimiento de sus responsabilidades al eliminar proyectiles de gas mostaza, fosgeno y otros agentes nerviosos en Isla San José. La operación, avalada por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), fue desarrollada por un grupo de especialistas de Estados Unidos junto a personal de la Unidad Técnica de Explosivos de la Policía Nacional de Panamá. Clic aquí para ver una reseña de la prensa internacional. Un año después, la contaminación dejada por los militares estadounidenses en nuestro país seguía siendo noticia. Clic aquí para ver un reportaje audiovisual de la televisora DW en español.

A continuación, del archivo privado del presidente Pérez Balladares, dejamos una serie de fotografías que se tomaron durante su gobierno en Emperador, distrito de Arraiján, área que fue usada como campo de tiro. Allí  se encontraron diversos tipos de municiones en un operativo de limpieza.

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