Por Ernesto Pérez Balladares
El general Omar Torrijos decía que no quería entrar en la historia, sino entrar al Canal. No estuvo presente el 31 de diciembre de 1999, cuando Panamá eliminó definitivamente la llamada “quinta frontera”, pero su lugar en la historia estaba asegurado. Logró lo impensable: que la mayor potencia del planeta devolviera, por la vía de la paz y la razón, la soberanía arrebatada a un pequeño país bajo el pretexto de la defensa hemisférica.
Durante décadas se redujo erróneamente el conflicto con Estados Unidos a la administración del Canal. El problema real era más profundo: la existencia de un Estado extranjero dentro de nuestro territorio. Por ello, Torrijos estructuró las negociaciones en tres ejes inseparables: la eliminación de la Zona del Canal, el cierre de las bases militares y, finalmente, la transferencia de la vía interoceánica.
El desmantelamiento militar comenzó en 1979 y se materializó progresivamente. Aunque se criticó el plazo de veinte años para la transferencia total, el tiempo demostró que era necesario. No se trataba solo de asumir una empresa, sino de culminar una lucha histórica y demostrar que Panamá podía administrar con eficiencia una vía vital para el comercio mundial.
Tras estos primeros 25 años de la transferencia, es importante recordar que el 31 de diciembre de 1999 fue el resultado de la preparación, el consenso y la responsabilidad histórica que asumimos entre 1994 y 1999.
Preparar la entrada digna
Cuando asumí la Presidencia, persistía la falsa sensación de que el 31 de diciembre de 1999 aún estaba lejos. Frente al riesgo de la inacción, dimos un paso decisivo: elevar el Canal a política de Estado mediante el Título XIV de la Constitución. Ese consenso permitió crear la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como un ente autónomo, diseñado para garantizar estabilidad, continuidad y blindaje frente al control político.
El desarrollo de ese mandato constitucional exigió un trabajo jurídico profundo. Mientras la Comisión del Canal —aún bajo control estadounidense— seguía operando en un esquema tutelado, diseñamos una transición sin rupturas. Los panameños pasamos a integrar simultáneamente las instancias binacionales y la nueva ACP, asegurando continuidad técnica hasta el mediodía del 31 de diciembre de 1999.
Ese proceso culminó con la Ley Orgánica del Canal, aprobada en 1997. Su autonomía excepcional ha sido clave para la estabilidad y el prestigio internacional del Canal, convertido hoy en uno de los mejores ejemplos de gestión pública en Panamá.
Mirando más allá del año 2000, activamos mecanismos de verificación técnica para saber exactamente qué íbamos a recibir. Un comité independiente de ingenieros panameños evaluó el estado real de la vía y logró, mediante trabajo técnico y diplomático, que Estados Unidos ejecutara un plan de modernización superior a los mil millones de dólares antes de la entrega.
Paralelamente, entendí que no bastaba con prepararnos internamente: había que convencer al mundo. Por ello organizamos el Congreso Universal del Canal en 1997. Más de 600 delegados internacionales —incluyendo a casi todos los grandes usuarios de la vía— confirmaron que Panamá estaba lista. El mensaje fue claro: el Canal no se cerraría, no habría peajes arbitrarios y la transferencia sería imperceptible para el comercio global.
Ese esfuerzo internacional fue acompañado por un amplio diálogo nacional. En el Encuentro Panamá 2000, partidos políticos, trabajadores, academia, sector privado y organismos internacionales construyeron consensos que permitieron aprobar por unanimidad la Ley Orgánica del Canal. Fue un ejercicio de inteligencia colectiva que dotó al proceso de legitimidad social y política.
La reversión territorial planteó otro reto: evitar el vacío. Las áreas devueltas debían transformarse en desarrollo productivo, no en nostalgia ni en excusa para nuevas tutelas. Ordenamos su uso mediante planificación, impulsamos proyectos emblemáticos como la Ciudad del Saber y preservamos la cuenca hidrográfica, entendiendo que sin ella no hay Canal posible.
En agosto de 1999, a un mes para el término de mi administración, conmemoramos los 85 años del tránsito inaugural del vapor Ancón. Aprovechamos el evento para reconfirmar a la comunidad internacional que estábamos preparados para el 31 de diciembre. La Declaración de Panamá selló ese mensaje. Poco después, se cerró definitivamente el capítulo de las bases militares con la salida final del Ejército Sur y el cierre de Fuerte Clayton.
Los retos del Siglo XXI
Pese a asegurar la transferencia soberana del Canal, años después surgieron acciones que, a mi juicio, pusieron en riesgo el delicado equilibrio que debe prevalecer en este tema. Durante la administración de Juan Carlos Varela, el abrupto giro diplomático hacia China —incluida la ruptura con Taiwán y la intención de ubicar una embajada china en Amador, zona estratégica en la entrada pacífica del Canal— generó una fuerte controversia nacional y encendió señales de alerta innecesarias.
Este episodio dejó una lección inequívoca: Panamá no puede darse el lujo de provocar escenarios que reactiven viejas suspicacias o abran espacios a lecturas equivocadas sobre el régimen de neutralidad. Y esa advertencia cobró nueva relevancia durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump.
Alegando, sin pruebas, un supuesto control chino sobre la vía interoceánica, lanzó amenazas reiteradas sobre una eventual “recuperación” del Canal por parte de su país, recurriendo a falsedades que desconocían deliberadamente la realidad de la gestión panameña. Frente a esas declaraciones, me pronuncié públicamente para desmentirlas con firmeza y responsabilidad, señalando que estaban sustentadas en mentiras y que representaban un retroceso inaceptable en la relación bilateral.
Sostuve entonces —y lo reitero ahora— que ante ese tipo de discursos no bastaba con reaccionar internamente. Panamá debe liderar una cruzada internacional de información, similar al Congreso Universal del Canal de 1997, para recordarle al mundo que la transferencia fue ejemplar, que la administración panameña ha sido transparente y eficiente, y que la neutralidad del Canal no es una consigna política, sino una práctica comprobable y reconocida por la comunidad marítima internacional.
Mientras, a los interno de nuestro país, persiste el debate sobre los beneficios del Canal. Algunos reclaman repartos directos o asignaciones exclusivas. Esa visión desconoce que los aportes de la ACP ya sostienen carreteras, hospitales y servicios públicos. El Canal no es una caja paralela: es parte integral del Estado.
Con todo, nadie puede negar que la vía ha sido administrada con excelencia. El Canal de Panamá es hoy no solo un activo económico, sino un ejemplo institucional. Esa fue, y sigue siendo, nuestra mayor responsabilidad histórica.