Uno de sus primeros antecedentes fue la Ley 10 del 11 de julio de 1957, que estableció disposiciones para reglamentar el servicio exterior. Tras los cambios políticos de 1989, el Decreto de Gabinete 35 del 10 de febrero de 1990 restableció un marco normativo para su funcionamiento. Sin embargo, persistía la necesidad de organizar una carrera diplomática y consular con reglas específicas de ingreso, formación, evaluación y ascenso profesional.
La administración del presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) asumió la política exterior como una herramienta para fortalecer la presencia internacional de Panamá, promover las relaciones económicas con otros países y coordinar los compromisos diplomáticos relacionados con la transición y transferencia del Canal de Panamá.
En ese contexto, la profesionalización del servicio exterior adquirió especial importancia. El país necesitaba contar con funcionarios preparados para representar sus intereses en un escenario internacional cada vez más complejo, caracterizado por la globalización económica, la negociación de acuerdos comerciales, la cooperación multilateral y los nuevos desafíos de la diplomacia.
Durante los primeros meses de gobierno, específicamente el 26 de noviembre de 1994, el Consejo de Gabinete discutió y aprobó proyectos de ley dirigidos a regular el servicio exterior y establecer la Carrera Diplomática y Consular.
A partir de ese momento se desarrolló un proceso de consultas y elaboración jurídica, en el que desempeñó un papel relevante el asesor legal de la Cancillería, doctor Adolfo Ahumada.
Este proceso culminó con la sanción de la Ley 28 del 7 de julio de 1999, mediante la cual se dictó la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y se estableció formalmente la Carrera Diplomática y Consular de la República de Panamá.
La nueva legislación introdujo un sistema de profesionalización basado en requisitos de ingreso, concursos públicos, formación especializada, evaluación del desempeño, escalafón y oportunidades de ascenso. Su propósito fue establecer una estructura permanente de funcionarios preparados para representar al Estado panameño, más allá de los cambios de administración gubernamental.
El 27 de julio de 1999 se aprobó el Decreto Ejecutivo 135, que reglamentó el título II de la Ley 28, desarrollando aspectos relacionados con el funcionamiento del servicio exterior, los derechos y deberes de los funcionarios, el régimen disciplinario, los ascensos y la evaluación profesional.
Una reforma que continuó evolucionando
La Ley 28 de 1999 permaneció como fundamento jurídico de la Carrera Diplomática y Consular durante las administraciones posteriores, aunque su contenido fue objeto de modificaciones y nuevas disposiciones reglamentarias.
Entre las reformas más importantes destaca la Ley 60 del 6 de octubre de 2015, que modificó y adicionó artículos relacionados con la organización y el funcionamiento de la carrera.
Posteriormente, el Decreto Ejecutivo 368 del 17 de agosto de 2018 actualizó su reglamentación y sustituyó el Decreto Ejecutivo 135 de 1999, incorporando disposiciones sobre el ingreso, la formación, la evaluación y el desarrollo profesional de los funcionarios diplomáticos.
Estas modificaciones reflejan la evolución de una estructura institucional cuyo fundamento legal fue establecido durante la administración Pérez Balladares.
Un legado institucional de la política exterior panameña
Más de 27 años después de la promulgación de la Ley 28 del 7 de julio de 1999, Panamá continúa utilizando este marco jurídico, con sus modificaciones posteriores, para organizar el ingreso y desarrollo profesional de sus funcionarios diplomáticos y consulares.
La aprobación de esta legislación durante la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares representó un paso importante en la institucionalización del servicio exterior panameño, al establecer las bases de una carrera profesional orientada a fortalecer la representación internacional del país y garantizar la formación de funcionarios especializados en las relaciones diplomáticas y consulares.
La permanencia de esta legislación, sus reformas posteriores y la realización de concursos públicos de ingreso hasta 2026 evidencian la continuidad de aquella iniciativa, concebida para fortalecer las capacidades del Estado más allá de los cambios de gobierno.
La profesionalización del servicio exterior sigue siendo un desafío permanente, pero también constituye un legado institucional de la política exterior desarrollada durante el quinquenio 1994-1999.