Entre el 27 y el 31 de agosto de 1996 se realizó en Estocolmo el primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia con el objetivo de analizar y buscar solución al problema de la explotación sexual infantil. A la cita en la capital sueca acudieron las representaciones de 122 países, entre ellas Panamá bajo la batuta de la Primera Dama de la República, Licda. Dora Boyd de Pérez Balladares.
En esta Conferencia Panamá se comprometió a adoptar medidas para la prevención y respuesta judicial para este delito y el reconocimiento del problema como organización criminal transnacional. El Estado panameño se comprometió a que en los procedimientos penales se impondrían sanciones severas, se obligaría a los victimarios a indemnizar por daños, y a brindar tratamiento a la víctima.
Es importante destacar que para el gobierno de Pérez Balladares fue un gran reto cumplir con los compromisos asumidos, pues la Constitución panameña no contiene normas específicas contra la explotación sexual comercial, y además, algunos artículos pudieran interpretarse de forma que permitan tal actividad. Tal es el caso del Artículo 40 de la Constitución, que establece:
“Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública,
sindicación y cotizaciones obligatorias.
No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesionales liberales y de los oficios y las Artes.”
La simple lectura de esta disposición constitucional permite concluir que el ejercicio de la prostitución sólo estaría sujeto (como ocurre en la práctica) al cumplimiento de los requisitos que la norma señala, quedando, de esta forma, legalizado el comercio sexual para las personas adultas.
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Los expertos señalan que la legislación respectiva se puede dividir en 4 períodos históricos:
- 1908-1935
- 1936-1950
- 1951-1994
- A partir de 1995 hasta la fecha.
La preocupación central de la administración de Pérez Balladares fue adecuar la legislación a los principios de respeto de los derechos de la niñez y la adolescencia contemplados en la Convención Sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos jurídicos internacionales, como lo fue este Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia. En ese sentido, su legado más importante fue:
1.- La creación del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, mediante la Ley 42 de 19 de noviembre de 1997 (Gaceta Oficial 23,424). Esta cartera cuenta dentro de su estructura con una Dirección Nacional de la Juventud, que le corresponde, entre otras funciones, las de elaborar y ejecutar programas y proyectos de orientación, atención y protección a la juventud, así como elaborar programas y proyectos para la prevención y atención de la juventud en situación de riesgo social.
Dentro de la estructura ministerial también está la Dirección Nacional de la Niñez, que según el artículo 20, numeral 8 de la citada ley, tiene la obligación de “impulsar y desarrollar programas orientados a contrarrestar el trabajo infantil, la mendicidad infantil, la prostitución infantil, el tráfico y explotación infantil y otros problemas sociales que afectan a la niñez.”
El Ministerio creado por Pérez Balladares fue el punto de partida para el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, encargado de velar por la atención y la protección de la niñez, en especial, de los/as menores en riesgo social, sector en el que, en principio, quedan incluidos los niños y a las niñas que puedan ser objeto de explotación sexual comercial. Este organismo debe impulsar y desarrollar programas orientados a contrarrestar el trabajo infantil, el tráfico y la explotación infantil, la prostitución infantil y otros problemas sociales que afectan a la niñez. El Instituto también tiene a su cargo los Hogares o Centros de Protección en los que se interna a los niños y niñas que son remitidos a los mismos por las autoridades competentes y en los que ingresan por protección o a causa de riesgo social.
2.- La creación del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, mediante el Decreto Ejecutivo N° 25 de 15 de abril de 1997. El organismo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y presidido por la Primera Dama de la República, está conformado por una Secretaría Técnica de 6 integrantes:
- Un/a representante del Despacho de la Primera Dama.
- Un/a representante del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia.
- Un/a representante del Ministerio de Trabajo.
- Un/a representante del Ministerio de Educación.
- Un/a representante del Ministerio de Salud y
- Un/a representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dicho Comité tiene como objetivo fundamental, coordinar, concertar políticas y programas dirigidos a mejorar la condición social y laboral de la niñez y la adolescencia, así como erradicar la utilización de la mano de obra infantil.
Este evento fue la culminación de un proceso que comenzó en 1994 cuando la red internacional End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) propuso hacer un Congreso Mundial. El evento fue co-organizado por ECPAT, UNICEF y el Grupo de ONGs para la Convención sobre los Derechos del Niño. Fue precedido por seis consultas regionales en diferentes partes del mundo que proporcionó aportes directos para el Congreso Mundial. Un Comité de Preparación del Borrador, presidido por el Profesor Vitit Muntarbhorn, preparó y circuló la Declaración y Agenda para la Acción anterior al Congreso.
El gobierno de Suecia fue anfitrión del evento y la Reina Silvia de Suecia dio su auspicio real al Congreso y estuvo presente durante la apertura y la clausura. En un mensaje enviado a ECPAT antes del congreso concluyó con las siguientes palabras mi sincera esperanza de que el Congreso Mundial se vuelva el punto de partida para nuevos esfuerzos concertados que aseguren el bienestar de la niñez.
En conjunto hubo más de 1,300 participantes de más de 130 países. Entre los participantes de este evento de una semana hubo 718 funcionarios gubernamentales representando a 122 países, 105 representantes de las Naciones Unidas y organizaciones inter-gubernamentales, 471 representantes de ONGs y una delegación de 47 jóvenes. La participación de las y los jóvenes fue un elemento vital del Congreso. A insistencia de ECPAT, fue su voz que aseguró que la realidad del problema para las generaciones jóvenes y futuras se mantuviera como prioridad de los debates.
Se elaboró un Programa de Acción que exhortaba a los Estados a desarrollar Planes de Acción Nacionales que incluyeran metas e indicadores concretos para poder medir los progresos en la materia.
Así mismo se aprobó la Declaración de Estocolmo contra la explotación sexual infantil con fines comerciales, de 31 de agosto de 1996.