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Creación de la Defensoría del Pueblo

Para consolidar una justicia más eficiente, transparente e independiente. Se concretó luego de dos años de consultas públicas y apoyo internacional.
El Panamá América. 9 de septiembre de 1997, página A2. Clic sobre la imagen para ampliar.

En el contexto de la modernización del Órgano Judicial, para lograr que la justicia panameña fuera más eficiente, transparente e independiente, la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares creó la Defensoría del Pueblo a través de la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997. Sin duda, su función expresa de velar por la protección de los derechos humanos de todos los habitantes de la República de Panamá era una parte esencial de lo que esta administración quería impulsar en el sistema: funcionarios idóneos e imparciales que garantizaran el debido proceso, una tutela judicial efectiva, expedita e igualitaria que transmitiera confianza ciudadana.

La creación de esta institución en Panamá fue el resultado de un arduo trabajo de consulta pública que comenzó en 1995 a través de una Comisión Presidencial conformada por algunos ministros, miembros de la Asamblea Nacional y juristas panameños. Con el apoyo económico de la Unión Europea, el grupo viajó a Costa Rica y Guatemala, para conocer importantes personalidades de Derechos Humanos de estos países. Incluso se reunieron en Panamá con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los debates, las consultas, los foros y las audiencias estuvieron a la orden del día con la participación de expertos en Derechos Humanos, Defensores del Pueblo de América y Europa; representantes de la ONU y la UNESCO; embajadas europeas; gente del Instituto Iberoamericano del Ombudsman; representantes de partidos políticos; organizaciones civiles; gremios empresariales; obreros y todos aquellos ciudadanos que quisieron sumarse a este esfuerzo creador.

En su libro El Panamá que construimos, el Dr. Pérez Balladares señala:

«A pesar de que al abrir la puerta para la figura del Ombudsman panameño atendimos un clamor nacional de veinte años de antigüedad, muchos cuestionan hasta el día de hoy si nuestra creación cumplió o no con el rol que debía tener. En mi opinión, diría que sí lo hizo en un 40% sobre nuestras expectativas. Cuando impulsamos este organismo teníamos la esperanza de que, aunque a mí me tocaba como presidente de la República firmar un decreto para nombrarlo, el designado tenía que ser una postulación autónoma de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo no podía objetarlo, ni vetarlo y solamente podría ser removido o destituido por la Corte Suprema de Justicia, por causas muy específicas señaladas en la ley. Sin embargo, varios diputados llegaron a ir a mi despacho para preguntarme a quién quería yo en ese puesto; y siempre les dije que esa tenía que ser definitivamente una expresión del poder Legislativo, pues la persona postulada debía balancear el poder Ejecutivo, que aún hoy sigue siendo excesivo».

El Panamá América. 13 de octubre de 1997, página A14. Clic sobre la imagen para ampliar.

El primer Defensor panameño

Estando el presidente Pérez Balladares en una gira internacional, el 27 de junio de 1997 se eligió el primer Defensor del Pueblo. El procedimiento, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, recibió las credenciales de todos los profesionales que llenaban los requisitos para la posición. Para esa primera experiencia, en vez de hacer una preselección de los más aptos, la Comisión envió a todos los candidatos a la sesión plenaria del parlamento y allí, con la participación de legisladores de gobierno y oposición, fue seleccionado el doctor Italo Antinori Bolaños, quien era afín al Ejecutivo, con el respaldo de 42 de los 71 parlamentarios.

En su autobiografía, el Dr. Pérez Balladares expresa que:

«En lo personal considero que él, si no manchó, dañó la institución al crear una serie de mecanismos que no funcionaron. Quizá a Italo lo movía unas ideas muy bonitas de lo que creía se podía hacer, pero en la práctica no ocurrió y, lamentablemente, los que vinieron después de él no pudieron enderezar el árbol que nació torcido. Si yo tuviera la capacidad de recomponer las cosas, repensaría la Defensoría del Pueblo muy en serio. Me inclino por mantenerla, pero con una reformulación de sus funciones».

Ombudsman: un poco de historia general

La creación de instituciones que permitieran la supervisión y control de las autoridades mediante la defensa de los derechos ciudadanos ha sido una preocupación y una necesidad constante en la historia de la humanidad.

La figura de la Defensoría aparece por primera vez en Suecia en 1809 con el nombre de Ombudsman. Ombud en sueco quiere decir agente, representante, delegado y man hombre. Si bien los suecos le dieron a la institución el grado de desarrollo y sistematización con la que la conocemos en la actualidad, desde la antigüedad existieron figuras que llevaron adelante tareas de control y defensa de los derechos humanos.

En sus orígenes suecos el Ombudsman era un órgano particular del poder legislativo destinado al control de la observancia de las leyes por parte de los tribunales y funcionarios de la administración pública. Este personaje estaba facultado para demandar ante la Justicia a quienes en el ejercicio de su función hubiesen cometido ilegalidades o descuidado el correcto desempeño de los deberes propios de su cargo. Tenía por misión prevenir los abusos de la administración pública y de los jueces.

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Con el tiempo, esta figura se fue expandiendo por diferentes países adoptando distintas denominaciones. En la región latinoamericana llegó en los años 90 durante la “transición democrática” que siguió a las dictaduras militares; y recibió influencia de la variante española del Ombudsman.

En su peregrinar mundial, se consolidaron tres rasgos que caracterizan la institucionalidad del Defensor del Pueblo:

  1. Ser independiente tanto del poder Ejecutivo como del poder Judicial para ejercer su rol de vigilancia y defensa; a pesar de recibir financiamiento del Estado.
  2. Atender las quejas o denuncias contra injusticias o errores administrativos.
  3. Tener el poder de investigar, criticar, y dar publicidad a sus acciones.

A continuación, dejamos para los que quieran ampliar esta historia un interesante vídeo creado por la Defensoría del Pueblo de Tucumán, Argentina, en 2009 cuando se cumplieron doscientos años de la aparición del primer Defensor del Pueblo en el mundo. Aquí descubrirás la influencia que tuvieron los antiguos griegos la concepción sueca del Ombudsman y hasta cuál fue el país de América Latina que dio entrada a esta importante figura para la custodia de la justicia.

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