Modernizar el Estado significaba también fortalecer la confianza: en las reglas del mercado, en la supervisión bancaria, en la seguridad de los registros y en la identificación de los ciudadanos. La administración Pérez Balladares impulsó siete decisiones administrativas, legales y tecnológicas contribuyeron al desarrollo y a la vida democrática.
Logro 1 – Creación de la CLICAC: competencia y protección al consumidor
Mediante la Ley 29 de 1 de febrero de 1996 se crea la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, conocida como CLICAC. Esta reforma estableció un marco institucional que reunía la defensa de la competencia y la protección de los consumidores.
En una economía cada vez más abierta, el Estado necesitaba capacidad para vigilar las prácticas comerciales y actuar frente a conductas que perjudicaran el funcionamiento del mercado. La CLICAC representó un cambio en esa dirección y fue la antecesora de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ACODECO.
Logro 2 – Fortalecimiento del marco institucional de la Policía Nacional
Mediante la Ley 18 de 3 de junio de 1997 se estableció la Ley Orgánica de la Policía Nacional, definiendo su estructura, sus funciones y las bases de la carrera policial. La norma la caracterizó como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, subordinado al poder público legítimamente constituido, con el presidente de la República como jefe máximo y adscrito entonces al Ministerio de Gobierno y Justicia.
Su misión quedó centrada en garantizar el orden público, la paz interna, la seguridad ciudadana y el respeto a la Constitución y las leyes. La legislación reguló el uso de la fuerza bajo criterios de necesidad y proporcionalidad, y estableció disposiciones sobre formación, disciplina, ascensos y jubilación de sus integrantes.
Con este marco se reforzó la institucionalidad policial y su responsabilidad ante la ciudadanía. La profesionalización debía sostenerse en reglas claras para el ejercicio de la autoridad y en el respeto a los derechos de las personas dentro del orden democrático.
Logro 3 – Ministerios para atender las necesidades sociales y coordinar la gestión económica
La reorganización del Estado también debía responder a las necesidades de las personas. Mediante la Ley 42 de 19 de noviembre de 1997 fue creado el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, otorgando un espacio institucional específico a la coordinación de políticas dirigidas a estos grupos. Clic aquí para ampliar la información.
Su creación buscó fortalecer la atención social e incorporar la participación, la equidad y la protección de la familia en la acción gubernamental. Esa estructura sería reorganizada posteriormente para dar paso al Ministerio de Desarrollo Social.
En el ámbito económico, la Ley 97 de 21 de diciembre de 1998 creó el Ministerio de Economía y Finanzas, producto de la fusión de los ministerios de Hacienda y Tesoro y de Planificación y Política Económica. Esta integración reunió la planificación económica, la gestión presupuestaria y las finanzas públicas en una misma cartera, con el propósito de mejorar su coordinación. Clic aquí para ampliar la información.
Logro 4 – Creación de la ANAM: una gestión ambiental integral
Con la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, se creó la Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM, como entidad autónoma rectora del Estado en materia ambiental y de recursos naturales.
La reforma amplió el marco de la gestión ambiental y definió responsabilidades para formular políticas, supervisar su cumplimiento y evaluar los impactos de proyectos y actividades. La protección del patrimonio natural adquirió así una estructura institucional que debía vincularse con los planes de desarrollo del país.
La ANAM constituyó un antecedente directo del Ministerio de Ambiente, formado años después.
Logro 5 – Creación de la Superintendencia de Bancos
El Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998 reformó el régimen bancario y creó la Superintendencia de Bancos, que sustituyó a la Comisión Bancaria Nacional.
La nueva institución recibió autonomía administrativa y financiera, facultades de supervisión y un presupuesto propio financiado mediante las tasas y los costos de supervisión aportados por el sector. El cambio buscaba adecuar la regulación a un sistema financiero más complejo y a los principios internacionales de supervisión bancaria.
Con esta reforma se fortalecieron las bases institucionales para vigilar los riesgos y preservar la confianza en el Centro Bancario Internacional de Panamá. Clic aquí para ampliar la información.
Logro 6 – Modernización del Registro Público
La seguridad jurídica requiere registros confiables y una institución capaz de prestar sus servicios con eficiencia. Mediante la Ley 3 de 6 de enero de 1999 se avanzó hacia la transformación del Registro Público en una entidad autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, funcional, presupuestaria y financiera.
Esta reforma acompañó un proceso de modernización tecnológica y administrativa que incorporó herramientas digitales para el almacenamiento y la consulta de documentos y la actualización de los procedimientos registrales.
El propósito era mejorar un servicio fundamental para acreditar derechos, registrar propiedades y dar certeza a las operaciones de ciudadanos y empresas.
Logro 7 – Modernización de la cedulación: identificación y confianza democrática
La relación entre identificación ciudadana y democracia tiene una larga historia en Panamá. En 1916, durante la presidencia de Belisario Porras, se introdujo la cédula de ciudadanía con fotografía para votar. Identificar al elector formaba parte de las garantías del ejercicio del sufragio.
Durante la administración Pérez Balladares, el Tribunal Electoral desarrolló un proyecto de modernización que incluyó la digitalización del sistema de cedulación. La incorporación de nuevas herramientas buscaba mejorar la identificación ciudadana y hacer más difícil la falsificación del documento.
El 4 de enero de 1999 el presidente Ernesto Pérez Balladares recibió la primera cédula con información totalmente digitalizada. Ese acto público expresó el respaldo al trabajo del Tribunal Electoral y a una transformación que comenzó a extenderse a la ciudadanía.
La iniciativa tenía una dimensión democrática: una identificación más segura podía contribuir a prevenir la suplantación y a reforzar la confianza en los procesos electorales. Modernizar la cedulación significaba también fortalecer las condiciones para proteger la voluntad popular.
Estas siete iniciativas respondieron a una convicción compartida: el desarrollo de Panamá requería instituciones capaces de cumplir sus responsabilidades y de merecer la confianza ciudadana. Las reformas de aquel período dejaron bases legales, administrativas y tecnológicas sobre las cuales continuó construyéndose el Estado panameño.
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