La expectativa de la época se centraba en enfrentar con eficiencia los desafíos del siglo XXI e insertar a Panamá y Centroamérica en las corrientes mundiales de comercio e inversión. La meta era que la región desarrollara la capacidad de competir con éxito en el nuevo orden económico mundial: la globalización.
En ese contexto, el 12 de julio de 1997, la ciudad de Panamá fue sede de la XIX Reunión Ordinaria de Presidentes Centroamericanos, que contó con la participación, en calidad de observadores, del presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y del viceprimer ministro de Belice, Dean Barrow. El encuentro dio continuidad al proceso de reforma institucional impulsado en cumbres anteriores y culminó con la adopción de la Declaración de Panamá II.
En esta reunión, los mandatarios Ernesto Pérez Balladares (Panamá), José María Figueres Olsen (Costa Rica), Arnoldo Alemán (Nicaragua), Carlos Roberto Reina Idiáquez (Honduras), Armando Calderón Sol (El Salvador) y Álvaro Arzú Irigoyen (Guatemala) acordaron impulsar una profunda reforma del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con el propósito de superar los problemas de descoordinación, dispersión institucional y dificultades operativas que afectaban al proceso regional.
A partir de un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los presidentes aprobaron el documento Lineamientos para el fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad regional. Este reafirmaba el papel rector de la Reunión de Presidentes y del Consejo de Ministros, al tiempo que proponía modificaciones importantes a las instituciones del Sistema.
Entre las reformas planteadas figuraban la racionalización de las secretarías regionales, modificaciones al funcionamiento del Parlamento Centroamericano y de la Corte Centroamericana de Justicia, así como mecanismos para mejorar la coordinación administrativa y financiera.
Aunque estas propuestas representaron un esfuerzo significativo de modernización institucional, su aplicación fue parcial. Algunas iniciativas, como la unificación de las secretarías regionales mediante un instrumento jurídico común, no llegaron a concretarse plenamente.
La integración comercial: una decisión con resultados posteriores
Uno de los resultados de mayor proyección de la reunión celebrada en Panamá fue el acuerdo para iniciar negociaciones encaminadas a establecer un tratado de libre comercio entre Panamá y los países centroamericanos.
Las negociaciones comenzaron en 1998 y, después de distintas etapas, dieron lugar a un marco normativo general concluido en 2001. Posteriormente, los acuerdos comerciales bilaterales entraron en vigor entre 2003 y 2009, fortaleciendo el marco jurídico para el intercambio comercial entre Panamá y sus vecinos centroamericanos.
Esta iniciativa constituye un ejemplo concreto de cómo una decisión adoptada durante la administración Pérez Balladares tuvo continuidad y produjo resultados bajo gobiernos posteriores.
Paralelamente, Panamá avanzaba en su incorporación al comercio mundial. El 6 de septiembre de 1997, el país ingresó oficialmente a la Organización Mundial del Comercio (OMC), culminando un proceso de adhesión iniciado años antes. Este acontecimiento consolidó su participación en el sistema multilateral de comercio y formó parte de la estrategia de apertura e inserción económica internacional desarrollada durante aquel quinquenio.
Una integración que continúa vigente
Casi tres décadas después de la Declaración de Panamá II, el Sistema de la Integración Centroamericana continúa siendo un espacio de concertación política, cooperación y desarrollo regional del que Panamá forma parte.
El proceso de integración económica también evolucionó. En 2013, Panamá se incorporó formalmente al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, ampliando su participación en los mecanismos comerciales de la región.
Más recientemente, durante el segundo semestre de 2025, Panamá ejerció la Presidencia Pro Tempore del SICA, reafirmando su participación en la agenda regional de integración.
La evolución de estos mecanismos demuestra que, aunque no todas las reformas institucionales propuestas en 1997 llegaron a materializarse, el proceso de integración centroamericana continuó desarrollándose y ampliando sus instrumentos de cooperación.
La XIX Reunión Ordinaria de Presidentes Centroamericanos celebrada en Panamá constituye, por tanto, un antecedente relevante de ese proceso. Durante la administración Pérez Balladares se impulsaron iniciativas orientadas a modernizar la institucionalidad regional, promover el libre comercio y fortalecer la capacidad de Panamá y Centroamérica para participar en la economía global.
La integración regional, concebida entonces como una herramienta para enfrentar los desafíos de la globalización, continúa siendo un componente de las relaciones políticas y económicas de Panamá con Centroamérica.
Despliega para leer más ⇓
Durante la XIX Reunión Ordinaria de Presidentes Centroamericanos, celebrada en Panamá el 12 de julio de 1997, los mandatarios acordaron impulsar una serie de reformas destinadas a fortalecer y racionalizar la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Las principales propuestas fueron las siguientes:
Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Se acordó promover la elaboración de un protocolo modificatorio de su Tratado Constitutivo para revisar los privilegios e inmunidades de los parlamentarios, establecer mecanismos de aprobación y reducción gradual de su presupuesto, armonizar los calendarios y sistemas electorales con los de los Estados miembros y coordinar su agenda de trabajo con los parlamentos nacionales.
Corte Centroamericana de Justicia. Se propuso revisar los privilegios e inmunidades de sus magistrados, reducir su composición a un magistrado por país y fortalecer sus competencias en materia de arbitraje comercial.
Unificación de las secretarías regionales. Se planteó integrar las distintas secretarías del Sistema en una Secretaría General unificada, con sede en San Salvador, organizada en tres grandes áreas: económica, social y ambiental. Para ello se contempló la elaboración de un instrumento jurídico denominado Tratado de Fusión. Sin embargo, esta reorganización no llegó a concretarse plenamente y las distintas instancias institucionales continuaron funcionando con estructuras propias.
Presupuesto regional único. Se propuso establecer un presupuesto integrado, elaborado por la Secretaría General y sometido a la aprobación del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en consulta con el Consejo de Ministros de Integración Económica. Su propósito era mejorar la coordinación financiera, racionalizar los recursos y fortalecer la eficiencia administrativa del Sistema.
Participación de la sociedad civil. Se acordó impulsar la creación de un Comité Consultivo único y elaborar un reglamento que facilitara la participación organizada de la sociedad civil en el proceso de integración centroamericana.
En conjunto, estas propuestas reflejaban la voluntad de los gobiernos centroamericanos de modernizar sus instituciones, reducir la dispersión administrativa y establecer mecanismos de coordinación más eficientes frente a los desafíos de la globalización.
Aunque varias reformas no se ejecutaron en su totalidad, los acuerdos de Panamá de 1997 constituyeron un antecedente importante en el debate sobre el fortalecimiento institucional del SICA, que continúa formando parte de la agenda de integración regional.
Ese mismo año, el 2 de septiembre de 1997, los presidentes centroamericanos se reunieron en Managua, Nicaragua, para dar un paso más en sus aspiraciones de integración regional. Mediante la histórica Declaración de Nicaragua, proclamaron su voluntad de avanzar gradual y progresivamente hacia la constitución de la Unión Centroamericana, concebida como una expresión superior de la asociación comunitaria establecida en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991.
Panamá, representada por el presidente Ernesto Pérez Balladares, acompañó esta iniciativa en calidad de observador, junto con Belice y República Dominicana.
Para avanzar hacia ese objetivo, se anunció la conformación de un grupo de alto nivel encargado de elaborar un proyecto de Tratado de la Unión Centroamericana, que establecería las etapas y los plazos necesarios para su eventual constitución.
La propuesta aspiraba a aprovechar las ventajas estratégicas de la región: su ubicación geográfica, su potencial económico, su riqueza ecológica y sus recursos humanos. Se buscaba construir un espacio regional más integrado, con mayor capacidad de negociación y mejores condiciones para participar en la economía mundial.
Aunque la Unión Centroamericana no llegó a constituirse en los términos previstos en aquella declaración, el proceso de integración continuó desarrollándose mediante acuerdos políticos, comerciales e institucionales.
Al cierre del siglo XX, Panamá y Centroamérica avanzaban en su inserción en la economía global. Durante las décadas siguientes, los países de la región ampliaron sus relaciones comerciales mediante acuerdos con México, Chile, República Dominicana y Estados Unidos, entre otros socios. Estos instrumentos fueron negociados y puestos en vigor en distintos momentos, bajo sucesivas administraciones, y contribuyeron a configurar el marco jurídico del comercio regional.
En el caso de Panamá, uno de los acontecimientos más relevantes de aquel período fue su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 6 de septiembre de 1997, durante la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares.
La adhesión implicó importantes compromisos de adecuación de la legislación comercial panameña a las normas multilaterales, particularmente en materias relacionadas con el comercio de mercancías, la propiedad intelectual y otros ámbitos regulados por los acuerdos de la OMC.
Este proceso formó parte de una transformación más amplia de las relaciones económicas internacionales de Panamá y Centroamérica, orientada a facilitar el intercambio comercial, establecer reglas comunes y ampliar las oportunidades de acceso a los mercados.
Casi tres décadas después, Panamá continúa siendo miembro de la OMC y del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Su participación en ambos espacios demuestra la continuidad de dos dimensiones complementarias de su política exterior: la integración regional y la inserción en el comercio multilateral.
La visión que impulsó aquellas iniciativas durante la administración Pérez Balladares respondía a una convicción: Panamá y Centroamérica debían prepararse institucional y económicamente para participar en un mundo cada vez más interdependiente.
Las decisiones adoptadas en 1997 no resolvieron todos los desafíos de la integración, pero contribuyeron a definir una agenda regional cuya evolución y vigencia pueden observarse hasta nuestros días.