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Proteger la libre competencia

Panamá fue uno de los primeros países del Istmo Centroamericano en sancionar una ley y establecer una autoridad para resguardar a los consumidores.

Con la aprobación de la Ley 29, de 1 de febrero de 1996, se dictaron normas sobre la defensa de la competencia y se adoptaron otras disposiciones concernientes a prácticas monopolísticas. El instrumento legal sustentó la creación de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC); como una entidad pública descentralizada del Estado, con personería jurídica propia. Su objeto era el de proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia de los distintos agentes del mercado, para que pudieran actuar sin restricciones ilícitas en su proceso de producción, compra, venta, fijación de precios y otras condiciones inherentes a su actividad económica.

Cuatro hitos importantes impulsaron al gobierno de Ernesto Pérez Balladares a la definición y aprobación de esta ley:

  1. La adhesión del país a la Organización Mundial de Comercio (OMC), acto que generó la demanda de un nuevo marco institucional.
  2. En consecuencia, la necesidad de contar con un cuerpo de legislación para defender a los actores económicos en los temas de comercio desleal, subsidios y medidas de salvaguardia; asunto que recayó en la CLICAC, junto con los temas de competencia propiamente dichos, aunque éstos no eran parte de los acuerdos con la OMC.
  3. La necesidad de complementar la Ley de Propiedad Industrial, que a menudo se le conoce como Ley de Marcas, promulgada también en la administración Pérez Balladares.
  4. La creación de los Tribunales Especializados de Comercio, que servirían como mecanismo de mediación de conflictos que pudieran surgir en materia de competencia y otros asuntos afines.

 

El concepto de ley de competencia era novedoso en el país, pese a que ya se habían desarrollado consultorías diversas sobre el tema durante el gobierno del presidente Endara. No había antecedentes de una institución semejante en Panamá, salvo en el aspecto relacionado con la Oficina de Control de Precios vigente desde los primeros años setenta hasta la entrada en vigor de la Ley 29. Es importante destacar que las asesorías con fondos de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (AID) y del Banco Mundial se materializaron con  la elaboración de este proyecto.

Estas disposiciones para proteger  la libre competencia complementaron o reforzaron los efectos de la Ley 28 de Universalización de los Incentivos Tributarios impulsada un año antes por el gobierno de Pérez Balladares como parte de una profunda reforma comercial para activar de forma rápida la productividad interna. Guillermo Chapman, ministro de Planificación y Política Económica durante el quinquenio 1994-1999 nos explica en este vídeo el contexto y los alcances de ambos instrumentos legales.

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