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Canal: La entrada digna

Los Tratados Torrijos-Carter fueron el punto de partida. Cinco años antes de la transferencia a Panamá de la vía interoceánica, el gobierno de Ernesto Pérez Balladares asumió una preparación audaz. Todos miraban con mucha atención, preguntándose si los panameños estarían a la altura de las circunstancias.

El 31 de diciembre de 1999 a las 12 del mediodía el mundo fue testigo de la reversión definitiva del Canal de Panamá. Por primera vez la bandera panameña ondeó en el edificio de la Administración del Canal, en el mismo lugar donde se mantuvo izada la bandera estadounidense desde el inicio de operaciones de la vía interoceánica.

Para que se cumpliera esta última fase de la total integración soberana del país, se requirió de una organización por parte de los panameños para entrar con dignidad y responsabilidad a aquella zona que tanta discordia generó.

«No sólo teníamos que honrar la memoria de Omar, también debíamos probar a todos los que nos apoyaron internacionalmente que no se equivocaron cuando apostaron por nuestras luchas canaleras. Tampoco se trataba del hecho simple de asumir la administración de una empresa; se trataba nada menos que de la consolidación de un proceso histórico que se remontaba al siglo pasado y que se convertía, además, en un reto: demostrar la capacidad de un pequeño país del istmo centroamericano para manejar con eficiencia una vía acuática entre dos océanos, vital para el comercio de la región y el mundo. Todos nos miraban con mucha atención, preguntándose si los panameños estaríamos a la altura de las circunstancias de la nueva y esperanzadora etapa que abrieron los Tratados Torrijos-Carter», explica el presidente Ernesto Pérez Balladares en su libro El Panamá que construimos.

A continuación, los detalles de cada uno de los elementos que fueron claves en esta etapa de preparación. Al cierre de este artículo, un vídeo que contiene interesantes anécdota para comprender la dimensión histórica de este proceso.


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El Título XIV de la Constitución

El primer y gran paso en dirección al 31 de diciembre de 1999 fue la aprobación, en la Asamblea Nacional, del Título Constitucional sobre el Canal de Panamá. Esto solo fue posible porque entre el presidente Guillermo Endara, durante el último año de su administración, y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se logró un acuerdo político para que esta importante adición a la Carta Magna panameña fuera ratificada por el Poder Legislativo en el siguiente periodo.

El Título XIV, que abarca desde el artículo 315 hasta el 323 de la Constitución Nacional, establece las reglas generales del manejo de la vía y señala claramente que se hará a través de una institución llamada “Autoridad del Canal de Panamá” (ACP). Su autonomía es tal que el Administrador no es nombrado por el presidente de la República, sino por la Junta Directiva del Canal. Si bien es cierto que el mandatario nacional nombra a los miembros de esa Junta, lo hace de manera tal que no puede designar a sus once integrantes porque los nombramientos se realizan de manera escalonada cada tres años. Así, en un quinquenio se nombra entre tres y seis directivos, pero jamás a los nueve completos. El décimo miembro, que es el presidente de la Junta Directiva, es el ministro para Asuntos del Canal, que sí lo escoge el Ejecutivo. El décimo primero es un representante de libre nombramiento y remoción de la Asamblea Nacional de diputados.

Esta trascendental contribución de dos mandatarios con visiones políticas claramente antagónicas, Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares, fue el punto inicial, la base para que los panameños manejaran la vía interoceánica como lo que es: un espacio que comunica a los países; desarrolla el comercio marítimo internacional, la actividad económica global y el intercambio de pasajeros.

Reglamentación

Luego del Título Constitucional, correspondió al gobierno del presidente Pérez Balladares desarrollarlo. Para eso, apenas asumió el poder, el mandatario designó a un grupo de profesionales del derecho con amplio conocimiento en esta materia para que iniciaran esa labor: Adolfo Ahumada, uno de los negociadores del Tratado; Eloy Alfaro; Eduardo de Alba; Ricardo Durling; Eligio Salas y Jorge Eduardo Ritter. Este último ya había sido designado por el presidente estadounidense Bill Clinton como uno de los miembros panameños de la Junta Directiva de la Comisión del Canal.

Este comenzó a trabajar de inmediato. Las intensas jornadas de discusión se hacían a puerta cerrada en un hotel que hoy se conoce como Sheraton, aquí en Ciudad de Panamá, pero que aquellos días tenía el nombre de Marriot. El resultado fue la Ley 19, aprobada por la Asamblea Nacional en 1997, mejor conocida como Ley Orgánica del Canal de Panamá. Es tan completa que hasta la fecha sigue vigente, sin haber sido modificada. Tal y como fue establecido en el Título Constitucional aprobado, se dispone que es la propia Autoridad del Canal, por medio de su Junta Directiva, la que reglamentaría esta Ley. Es decir, las facultades de ese organismo para regir esta materia están por encima del Poder Legislativo. Sin duda, es una autonomía más sólida que la de los municipios o la de la Universidad de Panamá.  Por eso algunas personas dicen que el Canal es un territorio aparte, e incluso consideran al administrador como un emperador.

La Junta Directiva de la Comisión del Canal

Se trataba de una agencia del gobierno norteamericano que operó entre el 1 de octubre de 1979 y hasta el 31 de diciembre de 1999 para manejar, mantener y mejorar la vía hasta la transferencia total. Durante esos veinte años, funcionó bajo el régimen de una Junta Directiva binacional, integrada por cinco estadounidenses y cuatro panameños, todos nombrados personalmente por el presidente de los Estados Unidos. Si bien es cierto que el mandatario panameño sugería los nombres de los que nos representarían, la última palabra la daba la Casa Blanca. Si los propuestos eran aceptados, entonces hasta el FBI los investigaba antes de que asumieran el cargo. En los primeros diez años de sus operaciones, un norteamericano sirvió como administrador y un panameño de subadministrador.
 
Luego, a partir de enero de 1990, de acuerdo con lo establecido por el Tratado, un panameño sirvió como administrador y un estadounidense como subadministrador.

A inicios del quinquenio de Pérez Balladares, además de Ritter, que fungía también como ministro para Asuntos del Canal, fueron nombrados en la Junta Directiva de la Comisión del Canal Emanuel González Revilla Jurado, Fernando Cardoze y Moisés Mizrachi. Cuando a mediados de ese periodo se conformó la ACP, todos ellos pasaron a ser parte de la Junta Directiva de esta agencia panameña y al mismo tiempo se mantuvieron en la Comisión de los gringos. Era la única manera de lograr una transición sin traumas, con garantías de continuidad de todo el trabajo de preparación.

El Consejo Consultivo del Canal

Fue una figura establecida en el Tratado firmado por Torrijos y Carter. Estaba conformado por tres representantes de Panamá y tres de EE.UU. La idea era que allí se intercambiaran ideas, conceptos, criterios y preocupaciones para darnos cuenta de cómo marchaba la transición.

Aunque te resulte insólito, fue durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares que este otro organismo binacional tuvo una auténtica e intensa actividad; a partir del momento en que el presidente designó para representar los intereses panameños a Adolfo Ahumada, Eloy Alfaro y Samuel Lewis Navarro. Ellos asumieron su papel alineados con el ideal de que ya era el momento de que le perder el miedo al Canal, que lo percibiéramos como un bien nacional, como una obra que debía dejar de ser un ente distante, incomprensible y ajeno para convertirse en un patrimonio de toda la nación.

Por su parte, Bill Clinton nombró sus delegados: Ambler Moss, cuyo trabajo como embajador en Panamá entre 1978 a 1982 contribuyó a la formación, a lo interno del Gobierno norteamericano, de una corriente de flexibilidad frente a nuestros requerimientos para que el Tratado se cumpliera sin distorsiones. Junto a Moss estaban Jeffrey Orseck, un distinguido abogado que se había destacado como responsable de recolección de recursos económicos en Florida para la campaña electoral del presidente Clinton; y el abogado Scott Warner que también era parte del grupo de jóvenes profesionales del sector clintoniano.

Cuando las reuniones se hacían en Panamá las presidía Ahumada y cuando se hacían en Washington las presidía Moss.

El “Blue Ribbon Engineering Committee

Los integrantes panameños de la Junta Directiva de la Comisión del Canal, presidida por Jorge Eduardo Ritter, tuvieron la idea de exigir a sus compañeros norteamericanos nombrar a un grupo de ingenieros nacionales para verificar el estado físico del Canal y saber de primera mano lo que Panamá recibiría. Los cuatro estaban realmente preocupados por la posibilidad de que nos entregaran la vía en las mismas malas condiciones que nos dieron el ferrocarril. Si eso ocurría, quedaríamos atrapados en el dilema de tener que invertir para su modernización recursos que no disponíamos. Estaba en juego nada menos que la viabilidad del Canal más allá del año 2000. La iniciativa contó con todo el respaldo del presidente Pérez Balladares.

Emanuel González Revilla sugirió a Alberto Alemán Zubieta, un ingeniero que tenía una sólida trayectoria en el sector de la construcción; y este a su vez recomendó a su colega Roberto Roy. Luego de intercambiar mucha información sobre otros cuatro posibles candidatos, se conformó el Comité Especial de Ingenieros Peritos, que fue llamado el “Blue Ribbon Engineering Committee” (BREC), con Moisés Castillo De León, Ernesto NG Jordán, Álvaro Palacios y Carlos Moreno.

Este grupo contó con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que es una entidad del Pentágono. Su labor consistió en recoger toda la información y presentársela al Consejo Consultivo del Canal. En ese escenario era que se tomaban las decisiones de forma unánime. Después, cada equipo de representantes se encargaba de comunicar los asuntos desarrollados al gobierno de cada país. Esta dinámica fue tan útil que no solo nos permitió tomar nota de todas aquellas tareas que serían necesarias apenas los panameños asumieran la administración de la vía, sino también comprobar hasta donde fue perjudicial el empeño de los gringos de ver la vía más como un vehículo estratégico militar que comercial. Se cobraban unos peajes ridículos y la marina de guerra norteamericana pasaba gratis. No podemos decir que el Canal estaba destruido o en malas condiciones, pero fue a través de los ojos de estos ingenieros panameños que nos dimos cuenta de que la estructura necesitaba más mantenimiento.

La labor realizada por los seis miembros del BREC fue ad honorem, como un servicio a los intereses de nuestro país, superando con mucha habilidad y diplomacia las evasivas y recelos de la contraparte norteamericana, especialmente de los zonians. Su trabajo resultó en los más de mil millones de dólares que invirtió Estados Unidos en un Plan de Modernización que contempló una serie de mejoras, reemplazo de equipos y nuevas estructuras antes de la transferencia total.

Inteligencia colectiva

En 1996 el gobierno de Pérez Balladares convocó a los diversos actores de nuestra sociedad al “Encuentro Panamá 2000”, una sucesión de reuniones, que hoy se recuerdan como Coronado I, II y III, en las que se sentaron las bases de la legalidad del Canal panameño.

Para lograr el pleno desenvolvimiento de estos espacios de diálogo, se conformó un Grupo de Apoyo integrado por los rectores de la Universidad de Panamá y de la Universidad Santa María La Antigua como garantes; el presidente del Sindicato de los empleados del Canal; y diversas personalidades del sector privado.  También se contó con la participación de representantes de todos los partidos políticos y de los medios de comunicación, que fueron transmitiendo lo que estaba ocurriendo.

La participación del expresidente colombiano Belisario Betancur y de la gente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá (PNUD) como facilitador del diálogo y mediadores neutrales de talla internacional, respectivamente, dieron mayor confianza en esta actividad. Clic aquí para ampliar detalles de esta iniciativa.

Convencer al mundo

Otra de las decisiones importantes que tomó el presidente Pérez Balladares fue la celebración del Congreso Universal del Canal, un evento que se desarrolló entre el 7 y el 10 de septiembre de 1997, en el marco del vigésimo aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter. Fueron convocados jefes de Estado y de gobierno, organismos internacionales, instituciones académicas públicas y privadas, usuarios de la vía y empresas de transporte internacional. Con sólidos argumentos objetivos, los invitados quedaron convencidos de que Panamá estaba preparada, capacitada, para asumir su responsabilidad histórica. Clic aquí para ampliar la información.

Crear en el vacío

Paulatinamente, al comenzar el proceso de reversión de la Zona del Canal, Panamá fue tomando posesión de miles de hectáreas de terreno y cientos de propiedades ubicadas dentro de esa quinta frontera. Inicialmente, con la Ley N° 17 de 28 de agosto de 1979, todas las áreas revertidas eran tierras baldías nacionales declaradas de dominio público. En consecuencia, no podían ser ofrecidas en venta a entes privados. Su uso, conservación y explotación sería responsabilidad de la Autoridad del Canal de Panamá, agencia creada por esa misma ley.

Pero el 25 de febrero de 1993, la administración del presidente Endara impulsó la formación de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), a través de la Ley N° 5. Esa institución asumiría la custodia, aprovechamiento y administración de los bienes revertidos dentro de las directrices y políticas nacionales fijadas por el Estado panameño con la visión de incorporarlos gradualmente al desarrollo integral de la Nación. Esto obligaba a crear una normativa para el uso por parte de terceros, de las áreas de propiedad de la ACP y de las del patrimonio inalienable de la Nación. Sin embargo, como ocurrió con el Plan Ford y los procesos de privatización de las empresas estatales, esta tarea quedó incompleta, a la espera del siguiente gobierno. Algunos creen probable que esa inercia tuvo su raíz en el mito contemplativo nacional de que las áreas revertidas eran sagradas, como si los gringos continuarían de alguna forma limitando que los panameños, los verdaderos dueños de esas tierras, disfrutáramos de ellas y les sacáramos provecho.

Entonces, también correspondió al presidente Ernesto Pérez Balladares asumiría la responsabilidad estratégica de proyectar y planificar en las riberas del Canal la creación de un emporio comercial sin precedentes en América Latina. El reintegro de toda esa franja tenía que servir para que Panamá diera un salto inédito en su historia. Clic aquí para conocer el desempeño de la ARI durante este quinquenio.

Una mirada histórica

En septiembre de 2017, a propósito de los 40 años de los Tratados Torrijos-Carter, el vicerrector de Investigación de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, Rodolfo Sabonge, expuso sobre “La Etapa de transición del Canal de Estados Unidos a Panamá» durante el conversatorio «Una mirada histórica proyectada al futuro». A continuación, dejamos un extracto del vídeo en el que resume todas las acciones que ejecutó el gobierno Pérez Balladares. En su disertación, Sabonge incluye algunas anécdotas personales que aumentan el valor del relato. Puede ver el vídeo completo, cargado en el canal Youtube del Canal de Panamá, haciendo clic aquí. 

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