A mediados de la década de 1990, Panamá atravesaba una etapa decisiva de su reconstrucción institucional. Recuperada la democracia, el desafío ya no consistía únicamente en garantizar su ejercicio, sino en fortalecer las instituciones, modernizar el Estado y crear mecanismos capaces de ofrecer mayor transparencia, seguridad jurídica y protección de los derechos ciudadanos.
Durante la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares se impulsaron reformas que incidieron directamente en esas áreas. Algunas crearon instituciones que continúan funcionando; otras incorporaron a Panamá a nuevos estándares internacionales; y hubo también iniciativas que, aunque tuvieron una existencia breve, abrieron debates institucionales que permanecen vigentes.
Estas son seis de ellas.
Logro 1 – Nuevas reglas para las contrataciones públicas
El objetivo: Dotar al Estado de reglas más claras y transparentes para sus contrataciones y reducir los espacios para prácticas discrecionales y actos de corrupción.
La reforma: Se estableció un nuevo marco jurídico para regular las licitaciones, compras y contrataciones realizadas por las instituciones públicas.
Fundamento: Ley 56 de 27 de diciembre de 1995.
El legado: La reforma representó un paso importante en la evolución del sistema panameño de contratación pública y antecedió al marco institucional que posteriormente continuaría desarrollándose hasta llegar al sistema actual.
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Logro 2 – Una herramienta contra el lavado de dinero
El reto: Fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de dinero y otros delitos financieros.
La respuesta: La creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), concebida para recibir, analizar y canalizar información financiera relevante para las autoridades competentes.
Fundamento: Decreto Ejecutivo No. 136 de 9 de junio de 1995, posteriormente reforzado por otras disposiciones legales.
El legado: La UAF evolucionó con el paso de los años y forma hoy parte del sistema nacional para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Logro 3 – Un defensor para los ciudadanos
Durante años, distintos sectores de la sociedad panameña habían planteado la necesidad de contar con una institución independiente dedicada específicamente a la protección de los derechos fundamentales frente a las actuaciones de la administración pública.
La creación: La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.
Fundamento: Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997.
La creación de la institución incorporó al ordenamiento panameño la figura internacionalmente conocida como ombudsman y abrió un nuevo espacio para que los ciudadanos pudieran reclamar la protección de sus derechos.
La reflexión: Su creación fue un paso importante. La discusión sobre el alcance, las atribuciones y la eficacia que debe tener la Defensoría continúa formando parte del debate institucional panameño.
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Logro 4 – Panamá se suma a la lucha internacional contra la corrupción
La corrupción había dejado de ser un problema que cada Estado podía enfrentar exclusivamente dentro de sus fronteras. Se hacía necesaria la cooperación internacional.
El compromiso: Incorporar a Panamá a los nuevos estándares hemisféricos para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción.
El instrumento: La Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Fundamento: Ley 42 de 1 de julio de 1998, mediante la cual Panamá aprobó la Convención.
La trascendencia: Se trató del primer instrumento jurídico internacional específicamente dedicado a combatir la corrupción y promover la cooperación entre Estados en esta materia.
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Logro 5 – El intento de crear una Sala Constitucional
Fue probablemente una de las reformas judiciales más controvertidas de aquel periodo.
La propuesta: Crear una Sala Quinta dentro de la Corte Suprema de Justicia, especializada, entre otras materias, en Garantías Constitucionales.
El objetivo: Avanzar hacia una justicia constitucional especializada y atender con mayor eficacia asuntos vinculados con la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
La iniciativa provocó una intensa controversia jurídica y política y tuvo una existencia breve. Sin embargo, el debate que planteó no desapareció con ella.
El legado: Constituyó uno de los antecedentes más importantes de la discusión sobre la conveniencia de que Panamá cuente con una jurisdicción constitucional especializada. Décadas después, la posibilidad de crear una Sala Constitucional continúa apareciendo en los debates sobre la reforma de la justicia panameña.
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Logro 6 – US$18.9 millones para modernizar la justicia
Las reformas institucionales necesitaban algo más que nuevas leyes. También era necesario mejorar la capacidad del sistema para administrar justicia.
Al comenzar la administración Pérez Balladares, el Órgano Judicial enfrentaba problemas de congestión y lentitud. Frente a esa realidad, se impulsó un programa de modernización judicial con una inversión de US$18.9 millones, dirigido a fortalecer la capacidad operativa y profesional del sistema.
La modernización se concentró en cuatro áreas:
Capacitación. Formación y actualización de jueces y funcionarios vinculados con la administración de justicia.
Tecnología. Incorporación de equipos y herramientas informáticas para modernizar la gestión de los procesos judiciales.
Agilización. Asistencia técnica dirigida a revisar procedimientos y reducir demoras en la tramitación de los casos.
Formación permanente. Desarrollo de mecanismos institucionales para mantener la capacitación continua de los operadores de justicia.
El propósito era comenzar a transformar una estructura judicial que necesitaba responder con mayor rapidez y eficiencia a las demandas de la sociedad.
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Instituciones que trascienden un gobierno
El impacto de una reforma institucional no se mide únicamente durante los años en que fue aprobada. Se mide también por aquello que permanece, evoluciona o continúa generando debate mucho tiempo después.
Las normas sobre contratación pública cambiaron. La Unidad de Análisis Financiero amplió sus responsabilidades. La Defensoría del Pueblo ha atravesado distintas etapas. Los compromisos internacionales contra la corrupción se han profundizado. Y la discusión sobre una jurisdicción constitucional especializada continúa abierta.
Las instituciones evolucionan porque las necesidades de un país también lo hacen.
Lo importante es que, en un momento determinante para la consolidación democrática de Panamá, se dieron pasos destinados a construir un Estado con mayores controles, mejores herramientas y nuevas garantías para sus ciudadanos.
Recursos didácticos
Presentación ilustrada generada por IA. Herramienta: NotebookLM. Clic aquí para descargar.
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A continuación, te dejamos un reproductor de audio para que escuches un podcast de catorce minutos generado por IA. Herramienta: NotebookLM. Información detallada: Una animada conversación entre dos presentadores que analizan y conectan los puntos principales de este tema. Que los disfrutes.